En la solemne sesión de la apertura del año judicial, que el pasado jueves presidió el Rey Felipe VI, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, no hizo alusión alguna a la Ley de Amnistía que ha exigido el delincuente y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Un chantaje que el Gobierno en funciones de Sánchez y el PSOE parecen dispuestos a aceptar o como poco a negociar. Y que ha tenido el infame preámbulo el encuentro en Bruselas de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz con el fugado Puigdemont, como anticipo y prueba de la predisposición de Sánchez a abrir la puerta a una ley que a todas luces es inconstitucional.
Como así lo dijeron meses atrás Sánchez y otros ministros de su Gobierno, incluido el de Justicia José Manuel Campo (que ahora es magistrado del TC), y los letrados del Congreso que impidieron en 2021 tramitar una ‘proposición de ley’ similar, presentada por ERC, JxC y la CUP, por considerarla inconstitucional.
Una ley de amnistía cuya aprobación supondría un ataque demoledor al Estado de Derecho y a la Justicia, así como la plena desautorización del Tribunal Supremo que actualmente y en funciones preside Marín Castán.
Cuestión -la ley de amnistía- que el pasado jueves se convirtió en uno de los dos elefantes ‘presentes’ en la apertura del año judicial, en la Sala de Plenos del TS y a la ‘vista’ de todos los notorios y cualificados asistentes.
Un paquidermo imaginario que Marín Castán no se atrevió a mencionar a pesar de que la Ley de amnistía es ahora la mayor amenaza que sufren las instituciones españolas, empezando por la Justicia, y por encima de la necesaria renovación del CGPJ y la reposición de las muchas vacantes existentes en altos tribunales del Estado.
El segundo ‘elefante’ en la Sala, en el que muchos asistentes clavaron sus ojos, y puede que en el rol del ‘elefante blanco’ de este golpe de mano que Sánchez pretende llevar a cabo, era el presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, en el que el presidente en funciones tiene puestas todas sus esperanzas para que el TC avale su ley de amnistía, con la ayuda de su mayoría progresista. Aunque no hay que descartar que alguno de ‘sus’ magistrados afines vote en contra de la misma en aras de la verdad y la legalidad.
Si esto sigue así tampoco estaría de más que las asociaciones de jueces y de fiscales hicieran alguna declaración contra esta ley de amnistía. Aunque es posible que algunos de sus dirigentes teman perder sus oportunidades de ascenso en el escalafón fiscal y judicial, a pesar de las consecuencias demoledoras que para la Justicia española tendría esta amnistía si se llega a promulgar.
