La tensión política que provoca la ley de amnistía desplaza el interés por los demás asuntos que, en circunstancias normales, ocuparían el primer plano de la actualidad. Esta mañana el gobierno en funciones celebró la que será última sesión de consejo de ministros. Ha sido un gobierno que ha durado casi los cuatro años de mandato ordinario (fue designado el 7 de enero de 2019); ha contado con 22 carteras (uno de los más amplios de la historia de la democracia); ha sido el primero en coalición, y ha sido uno de los que más relevos ha consumido ya que solo diez ministros han durado toda la legislatura y algunos ministerios han conocido hasta tres titulares (Sanidad y Cultura, por ejemplo) en los casi cuatro años de mandato.

El domingo, día más o menos, y siempre que la investidura salga tal y como está prevista, el presidente anunciará el nuevo gabinete con el que afrontar la XV legislatura inaugurado hace ya cuatro meses. El interés que ha provocado este nuevo gabinete es descriptible, apenas hay filtraciones de listas y ministrables. La autoridad del presidente es mayor que la de cualquiera de sus antecesores a la vista del omnímodo poder de partido e incluso de coalición del que dispone Sánchez.

La designación de los miembros del gabinete es competencia exclusiva del presidente, pero es tradicional que la composición del gabinete refleje las distintas tendencias y el reparto de influencias territoriales del partido gobernante. En este casi la autoridad de Sánchez es exclusiva, incluso para el caso de los ministros que representen al socio de coalición.

De los diez ministros que han aguantado toda la legislatura anterior parte de ellos repetirán mandato (es el caso de la vicepresidenta Ribera, de la ministra de hacienda Montero, del de Agricultura Planas y de la jefa del partido coaligado Yolanda Díaz) y de los designados mediado el mandato una parte continuará en sus cargos una parte y otros dejarán sus carteras a los nuevos dirigentes afectos a Sánchez.

Es previsible que se reduzca en un par de ministerios, reagrupados para facilitar la coordinación; también es previsible que los ministros de podemos (Montero y Belarra) sean sustituidos por personas afines a SUMAR y es probable que algunos nombres nuevos aparezcan en la lista. Pero la composición del gabinete es prerrogativa del presidente que, por lo sabido, no ha compartido con nadie o, si lo ha hecho, ha conseguido discreción que es infrecuente en estos casos.

El asunto destacado para la legislatura es la cuestión catalana, que no fue materia relevante durante la campaña electoral, así como satisfacer las reivindicaciones de los socios de investidura que sin amplias y complejas y que no han sido cuantificadas y programadas, más allá d ellos dos años de plazos fijado con el PNV para satisfacer la ampliación de sus competencias autonómicas.

Los ministrables son menos relevantes que nunca ya que la concentración de poder en el presidente carece de precedentes, incluso a pesar de ser un gobierno de coalición apoyado en su investidura por una decena de partidos. Lo que les une es evitar un gobierno de la derecha que suma 172 escaños en el congreso y amplia mayoría en el Senado y en los gobiernos autonómicos.