Demasiadas prisas

Demasiadas prisas

CongresoPedro Sánchez en la sesión de control al gobierno

Para no tener que hacer cuentas, utilizo una reciente cabecera de El País: el Congreso y el Senado podrían aprobar diecisiete leyes en tres días. Entre ellas, añado yo, la que reforma el Código Penal en cuanto a los delitos de sedición, malversación y, ya de paso, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la también Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Las prisas son malas consejeras, especialmente en materias muy controvertidas. Sirva de ejemplo la chapuza jurídica de la Ley del “sólo sí es sí”, con su numerosa revisión de condenas a favor de los agresores (y agresoras) sexuales. El entuerto sólo puede corregirse legalmente, como Dios manda, pero no en una exposición de motivos de una ley distinta y sin efectos normativos.

Hoy, sin embargo, procede centrarse en la polémica reforma de la LOTC y LOPJ por vía de enmienda en el Senado, cuando no guardan la menor relación con una proposición de ley circunscrita exclusivamente al Código Penal. El Tribunal Constitucional acaba de resolver, provocando reacciones encontradas, pero debemos tener bien claro que aquel no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la iniciativa si se planteara correctamente. Se entiende, sin embargo, que los recurrentes y el propio Tribunal hayan estimado correcto acudir a unas medidas cautelarísimas para evitar en su día posibles perjuicios por la rápida entrada en vigor de una ley sobre cuyo fondo el Tribunal Constitucional nada acordará durante demasiado tiempo.

La Sentencia 119/2011, de 5 de julio, tardó ocho meses en resolver el recurso, precisamente interpuesto desde las filas socialistas, porque se había pretendido incluir el delito de consultas populares en una Ley de Arbitraje. Se adujo entonces que faltaba la debida conexión entre la materia objeto de la ley y la reforma del Código Penal. Como ni se acordaron ni siquiera se solicitaron medidas cautelares, el Alto Tribunal hubo de entrar directamente en el fondo varios meses después de que la ley hubiera sido promulgada. Lástima que tardara tanto.

Permítaseme concluir con algo que parece pasar desapercibido en muchas columnas periodísticas e incluso editoriales. El Tribunal Constitucional, en su defensa de nuestra Carta Magna, está por encima de los tres poderes del Estado. Igual puede anular una ley que una sentencia o una resolución del Gobierno o la Administración. Pero es que, además, las tribulaciones tanto del Tribunal Constitucional como de la Judicatura no son culpa suya, sino de los políticos que no se ponen de acuerdo para la renovación de un Consejo General del Poder Judicial que no juzga, por lo que no se integra en el Poder Judicial propiamente dicho. Bueno es que cada palo aguante su vela.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.