Nadie, ni siquiera el presentador estrella de la BBC Gary Lineker, autor del controvertido tuit de la semana, esperaba que el mismo tuviera repercusiones que acabarían afectando a la poderosa BBC, sacudiendo los estudios y los estadios. La medida de carácter inmigratorio que el ex futbolista criticaba en la red social con la frase “Esta es una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30”, era fruto del acuerdo firmado por el gabinete de Boris Johnson con Ruanda en 2022 para enviar al país africano a quienes entren de forma clandestina en Reino Unido.

La entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, fue la encargada de firmar en Kigali este contrato con la llamada “suiza de África”: las autoridades británicas enviarían a gran parte de los inmigrantes interceptados en el Canal de la Mancha a cambio de un pago (inicial) de más de 144 millones de euros. Nada en esta vida es gratis y menos ocuparse de refugiados que, en principio, serían sobre todo varones adultos, los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”, es decir personas que no están siendo “realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que “aspiran a mayores oportunidades vitales”. No sé, quizás, ¿algo así como perseguidos por el hambre?

El caso es que tras la firma, el gobierno sacó pecho asegurando que la medida “salvaría vidas, ayudaría a terminar con el negocio de las organizaciones criminales y evitaría abusos del derecho de asilo”. Sin embargo, tanta mudanza en el 10 de Downing Street retrasó la puesta en marcha del controvertido plan y cuando, por fin, el pasado mes de junio, se fletó el primer avión de refugiados con destino a Ruanda, llegó la sorpresa. Los tribunales obligaron a que el mismo se quedara en tierra. Británica, por supuesto. Había que esperar la sentencia, que llegó esta semana: para el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, el acuerdo alcanzado en su día con las autoridades de Ruanda por Boris Johnson es legal. El Ministerio del Interior británico puede, por tanto, enviar a los demandantes de asilo al país africano para que se tramite allí su solicitud. Punto. No final, porque las organizaciones de ayuda a los refugiados implicadas en el proceso van a recurrir ante el Tribunal de Apelación, y, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero a efectos prácticos, casi.

La sentencia ha sido sin duda un importante respaldo a la política de inmigración de los tories, que pilla en lo más alto a Rishi Sunak, a quien también cayó hace días el premio de la firma del acuerdo del nuevo protocolo de Irlanda con la UE tras el Brexit. Fin de las apuestas a cuenta de la duración de las lechugas y de los premier. De modo que, a partir de ahora, los inmigrantes ilegales que cruzan el Canal de la Mancha serán detenidos y expulsados del país, “bien a Ruanda o a otro país considerado seguro”. Estos migrantes, una vez expulsados, no podrán regresar ni pedir en el futuro la nacionalidad británica. Tampoco podrán obtener libertad bajo fianza ni se les permitirá solicitar una revisión judicial durante los primeros 28 días de detención. Así lo ha explicado el propio Sunak, tras reunirse con Emmanuel Macron para reforzar la cooperación con Francia por el módico precio de 600 millones de dólares. Es el coste inicial de “financiar” un nuevo centro de detención en la costa francesa y la contratación de 500 agentes de frontera más.

Entretanto, Giorgia Meloni toma nota y, aunque algunos le critican su noche de karaoke cuando aún seguían apareciendo cadáveres del naufragio en la costa de Calabria, otros le echan en cara que el país haya rescatado a más de 3.000 refugiados en los últimos tres días. Ver para creer. Afortunadamente, en este caso, una cosa es vender medidas en el calentón de los mítines y otra, cumplir lo que los electores, también enfervorizados, compraron. Meloni va a tener que hacer piruetas, aunque las suyas no serán mortales, pero al final, si no es Ruanda, otro lugar tendrá que encontrar lejos de las miradas. Porque ayudar no es lo mismo que recibir en casa. ¿Acaso nos hemos olvidado ya de la crisis de los refugiados sirios? ¿Del tembleque de Bruselas cuando Erdogan amenazó con dejar de recibir a los refugiados retenidos en las alambradas que algunos países europeos empezaron a construir a toda prisa? La UE empezó ofreciendo 3.000 millones de dólares para que aquello no sucediera. Erdogan lanzó una contraoferta por importe de 6.000. Tenía la sartén por el mango y un tipo como él no iba a dejar pasar la oportunidad de apretar las tuercas a una Europa desunida, con países levantando barreras, mientras otros abrían puertas y ventanas.

El Gobierno británico no ha sido el primero ni el único en buscar “australias” donde esconder lo que “molesta”. Dinamarca ya ha aprobado en el Parlamento la decisión de reenviar a los recién llegados a países terceros, con la opción de Ruanda también sobre la mesa. Y en general, aunque ahora la guerra de Ucrania haya pospuesto la decisión, lo cierto es que las autoridades de Bruselas comparten el mismo razonamiento que el Ejecutivo británico. Y sí, la UE también tiene en mente Ruanda, del mismo modo que ha llegado ya a acuerdos de “externalización” con Turquía, Libia o Níger. Para los críticos, sin embargo, la idea de “comerciar e intercambiar con otros países nuestra obligación de proporcionar asilo” es, sencillamente, una degradación de los derechos humanos.

Fácil de decir, cada vez más difícil de calificar, imposible de eludir antes o después.