Titula el diario gubernamental El País en su portada y a cuatro columnas: ‘Feijóo en su laberinto’, al tiempo que se muestra muy optimista sobre las negociaciones que Sánchez mantiene en secreto con Puigdemont.
Diciendo que el prófugo de Waterloo, a petición de Sánchez, renunciará a: que la Ley de amnistía se apruebe antes de la investidura; la vía ‘unilateral’ para una declaración de independencia en Cataluña; y también a un referéndum para la autodeterminación catalana.
Lo que supone una enmienda a la totalidad de la ‘declaración de Bruselas’ que el pasado día 5 lanzó Puigdemont, con solemnidad y tono amenazante. Y que el pasado sábado confirmó el Consejo Nacional de JxC, a través de su portavoz Miriam Nogueras que exigiendo negociaciones inmediatas ‘de Estado a Estado’ sin renunciar a la amnistía ni ninguna de las exigencias de Puigdemont.
Y todo ello mientras los juristas afines a Sánchez se afanan en justificar la ‘constitucionalidad’ de la ley de amnistía, con el principal argumento de que en la Constitución no se dice ‘nada’ sobre la amnistía. Aunque se ‘intuye’ cuando en ella se prohíben los ‘indultos generales’ y expresamente, en el artículo 62, donde se dice que los indultos generales no los puede sancionar ni promulgar el Rey.
Y, de igual manera, que los juristas ‘amigos’ de la amnistía aseguran que la Constitución no dice ‘nada’ sobre la amnistía, también se podría decir que la Constitución tampoco dice nada sobre la obligación del Rey de ‘sancionar y promulgar’, todas las leyes que emanan del Poder Legislativo.
Aunque el ‘espíritu’ constitucional -del que habla Sánchez de manera jocosa- y el modelo democrático español de monarquía constitucional parlamentaria obligan al Rey a sancionar y promulgar todas las leyes que nacen en el Poder Legislativo.
Lo que únicamente podría evitar el monarca con su abdicación. Como hizo el Rey Balduino de Bélgica en 1993, de manera temporal y por 36 horas, para no firmar la Ley del Aborto belga, que contradecía sus convicciones religiosas. Pero algo así en el caso español no sería aceptable y empeoraría más si cabe la situación, en un tiempo en el que la presencia del Rey es más necesaria que nunca.
Y así quedó acreditado durante el golpe de Estado catalán de 2017 cuando el Rey Felipe VI pronunció, el día 3 de octubre de ese año, un excelente discurso, contra los golpistas y en la defensa de la legalidad y del orden constitucional. Los mismos golpistas a los que Sánchez ahora pretende amnistiar sólo para que voten su investidura.
Aunque ahora, cuando dicha Ley de Amnistía aún no está siendo tramitada en el Congreso ni se conocen los términos de su contenido, no tiene sentido que el Rey se pronuncie de una manera precipitada ante la nación.
Pero si la ley avanza en el trámite parlamentario en pos de una amnistía que deslegitime al Tribunal Supremo y amenace el Estado de Derecho, en línea con un encubierto proceso ‘deconstituyente’, como el que parecen buscar Sánchez y Puigdemont, suprimiendo el principio de igualdad entre españoles ante la Ley, y al margen de todo interés social y general del país, entonces el Rey Felipe VI deberá hablar.
Y tendrá que hacerlo al amparo de la función de ‘arbitraje y moderación’ que le otorga la Constitución y con la mayor contundencia y claridad.
