Rebajas fiscales a gogó

Los ministros Presidencia, Félix Bolaños y de Hacienda, María Jesús Montero, conversan durante el pleno del Congreso donde comparece el presidente

EFEFélix Bolaños y María Jesús Montero durante el pleno del Congreso

No entraré en la refriega que se ha suscitado acerca de la política fiscal; más que refriega, caos, ruido poco armonioso. Tampoco entraré a dilucidar quién tiene razón. En principio, soy contrario a todo lo que signifique rebaja fiscal, sobre todo en los momentos actuales. Pero también soy reacio a esa tómbola que ha implantado el Gobierno y que constituye un cúmulo de ocurrencias en el que no se sabe muy bien por qué se beneficia a ciertos colectivos y no a otros. Valgan de ejemplo los cuatrocientos euros del bono cultural, o la gratuidad en cercanías o en los trenes de media distancia. Supongo que los extremeños, con un fuerte déficit de estructuras ferroviarias, estarán muy contentos.

Estamos ya en campaña electoral y todos los partidos y las Comunidades están dispuestos a conceder toda clase de prebendas o reducción de impuestos con el argumento de que hay que beneficiar a la clase media trabajadora, nuevo término que se está haciendo tópico, sin que nadie sepa muy bien dónde comienza y dónde termina. Todas esas prodigalidades tienen su contrapartida, con efectos quizás más negativos y perniciosos para los estratos sociales bajos y medios: obligar al BCE a endurecer la política monetaria con la finalidad de controlar la inflación.

Al margen de la algarada y de lo que cada uno defienda, lo que no es aceptable es que se intente engañar al personal presentando datos falsos o inferencias incorrectas, bien sea con mala fe o simplemente por ignorancia. La rueda de prensa de la ministra de Hacienda en la que presentó de prisa y corriendo las nuevas medidas fiscales constituyó un compendio de ese comportamiento.

Reiteró por activa y por pasiva que las novedades obedecían a una finalidad, la de gravar a los ricos y beneficiar a los pobres, cantinela que han repetido todos los ministros, ministras e incluso ministres si los hubiese. La finalidad parecía muy loable puesto que para eso está el sistema fiscal, para garantizar la suficiencia del Estado de bienestar y también como factor de redistribución de la renta. Pero las medidas que presentó la ministra están muy lejos de eso y no son más que mera representación y propaganda.

En teoría, crean un nuevo gravamen al que denominan de solidaridad, pero ni es tan nuevo ni mucho menos general, ya que tendrá efecto exclusivamente sobre los contribuyentes de aquellas Autonomías que en mayor o menor medida hayan desactivado el impuesto de patrimonio, puesto que lo pagado por este tributo será deducible en el nuevo gravamen.

En realidad, la finalidad no parece ser tanto la de gravar a los ricos, tal como afirman, si no la de armonizar por la puerta de atrás el impuesto de patrimonio que aplican los distintos gobiernos regionales. En el fondo obedece a la necesidad de dar satisfacción a Esquerra Republicana que después de haber demandado durante largo tiempo la autonomía normativa en materia fiscal se queja ahora de que la ejerzan algunas Comunidades. Es más, el comportamiento lógico de las Autonomías después de la aprobación de la medida sería situar en el tope máximo el impuesto de patrimonio, ya que lo que no se pague por él a las Autonomías se satisfará al Estado con el nuevo gravamen. Es muy probable, por tanto, que esté quede vacío de contenido.

Siempre he denunciado los efectos perversos que genera la falta de armonización fiscal en Europa y la ausencia de voluntad política de los mandatarios de corregirla. En cuanto a España, no se precisaría la armonización si no se hubiese roto la unidad tributaria, transfiriendo la potestad normativa a las regiones. El problema no se encuentra solo en el impuesto de patrimonio, que parece ser lo que preocupa al Gobierno y a Esquerra; la disparidad en el IRPF es considerable y tal vez más grave. Las deducciones son de lo más variado en correspondencia con las ocurrencias de los respectivos gobiernos.

¿Y qué decir del régimen fiscal del País Vasco? Mientras permanezca, es difícil que se pueda hablar de armonización con sentido. Por otra parte, a la hora de homogeneizar sería preciso hacerlo también con otros muchos factores. Por ejemplo, con el ingreso mínimo vital (Escrivá no se atrevió) o con los salarios de los policías, o las retribuciones de los presidentes y de ahí hacia abajo toda la Administración.

En ese papel de Robin Hood que pretende asumir Sánchez de cara a las próximas elecciones, completa el llamado impuesto de la solidaridad con pequeños cambios en el IRPF. Se proyecta la subida de un punto en el tipo marginal de la tarifa de las rentas de capital al colectivo que ingresa por este concepto de 200.000 a 300.000 euros anuales y dos puntos a los que se sitúan por encima de los 300.000 euros.

La medida es un parche de efecto muy reducido y que tiene tan solo la finalidad de parecer que se hace algo; de hecho, resulta casi ridículo cuando se contempla la distorsión que existe entre rentas de capital y de trabajo en el IRPF. La auténtica reforma, pero que Sánchez no se atreverá a llevar a cabo nunca, es la de retornar a un impuesto personal y global en el que exista una sola base imponible, englobando en ella todos los ingresos del contribuyente y aplicando una única tarifa. Ello igualaría las rentas de capital a las de trabajo y el tributo retornaría a la progresividad del inicio. Mientras no se acometa este cambio, el impuesto tendrá un vicio de base y todas las otras modificaciones no son más que un remiendo.

Tampoco resultan mucho más serias las medidas que se suponen destinadas a reducir el gravamen a la clase media trabajadora. En este punto se falsifica la verdad, no se sabe si con la finalidad de ocultarla o tal vez por mera ignorancia. La ministra manifestó que la reducción por trabajo en el IRPF –que, en los momentos actuales, según ella, afecta al colectivo que presenta ingresos inferiores a 18.000 euros anuales- se iba a extender a aquellos que no alcanzan los 21.000 euros.

Como colofón, Montero añadió que la medida beneficiaba al cincuenta por ciento de los trabajadores, puesto que la cantidad de 21.000 euros coincide con el sueldo mediano en España. No aclaró si se trata de bruto o neto. En cualquier caso, la afirmación no es congruente porque los favorecidos, según las palabras de la propia ministra, serían solo los contribuyentes cuyo sueldo anual se encuentra entre los 18.000 y los 21.000 euros, colectivo que no parece representar un número demasiado elevado. Hay que considerar además que muchos de ellos, debido a las distintas reducciones y deducciones, no tendrían que pagar el gravamen con anterioridad al cambio.

Otra de las supuestas medidas propuesta por la ministra en el IRPF consiste en que la exención del gravamen pasaría de los 14.000 euros a los 15.000 de ingresos anuales. Es desconcertante porque en el actual impuesto no hay límite exento, tal como sí existía en otras épocas. La ministra se equivocó. Se supone que quería referirse a la obligación de declarar, que se sitúa en 14.000 euros anuales pero solo cuando hay dos o más pagadores, porque cuando hay un solo el límite se sitúa en los 22.000 euros. Como se ve, los beneficiados no son demasiado numerosos. Se reducen solo a los trabajadores con dos o más pagadores y cuyos ingresos se encuentran entre los 14.000 y 15.000 euros anuales. Resumiendo, parece bastante evidente que solo una pequeñísima parte de la clase media trabajadora (para usar la terminología de Sánchez) será la agraciada.

Las contradicciones también se encuentran en las medidas anunciadas respecto del impuesto de sociedades. El primer error, y no es exclusivo de este gobierno ya que el tema viene de lejos, consiste en hacer distinciones entre empresas grandes y pequeñas. Aplicar criterios de progresividad al terreno societario carece de todo significado. Son criterios que solo tienen sentido tratándose de gravámenes de personas físicas. Ni por el nivel de actividad ni siquiera por la cuantía de capital pueden calificarse las sociedades, ya que habría que tener en cuenta el número de accionistas. Otra cosa distinta son los gestores, pero su tributación sale fuera del impuesto de sociedades y compete al IRPF.

Hay empresas muy grandes en dificultades económicas y con una rentabilidad mínima para los accionistas, incluso algunas quiebran, como el Banco Popular, y sus socios pierden todo el capital. Del mismo modo hay empresas de tamaño reducido con una gran rentabilidad y pingües ganancias para sus socios. No hay ninguna razón para que los beneficios se graven según el tamaño con distintos tipos.

Pero es que, además, constituye una incongruencia el criterio escogido para la distinción, la cifra de negocios, según esté por debajo o por encima de un millón de euros. Con una misma cifra de negocios el tamaño de las empresas puede ser muy distinto según sea el valor añadido. Por otra parte, caen en un defecto de principiante en teoría fiscal, el error de salto. Aunque hay que reconocer que últimamente y por desgracia este fallo se ha extendido mucho en las normas tributarias de nuestro país.

Tampoco son demasiado acertadas las rebajas aprobadas en la tributación de los autónomos. Se ha generalizado la idea de la precariedad de todos ellos. Sin embargo, este colectivo es muy heterogéneo. Existe ciertamente una parte de él en situación muy difícil; muchos, en el fondo, constituyen paro encubierto y subsisten a base de no pagar apenas impuestos y de mantener unas cotizaciones sociales muy reducidas e incluso, en muchos casos, a condición de unas retribuciones personales del propio autónomo inferiores al salario mínimo interprofesional.

Habría que preguntarse si la estrategia de sostenerlos a todo trance es la adecuada o si, por el contrario, lo único que se consigue es que algunos sectores o mercados tengan más agentes económicos de los que serían adecuados, con lo que con toda probabilidad la productividad será muy reducida.

Pero junto a este colectivo existen otros con un nivel de renta muy elevado. Pensar que todos los autónomos son precarios puede conducir a resultados perversos. El sistema de módulos a base de continuas rebajas se ha pervertido y es incapaz de estimar adecuadamente los beneficios y, por lo tanto, de distinguir entre los diferentes tipos de autónomos. Reducir un cinco por ciento más los módulos es añadir otro error en la misma dirección.

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