Meloni y Sánchez, los extremos se tocan

La primera ministra italiana Giorgia Meloni y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Roma.

EFELa primera ministra italiana Giorgia Meloni y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Roma.

Sánchez se habrá llevado un gran disgusto. Se ha pasado toda la campaña electoral asustando con la ultraderecha y la derecha extrema, demonizando a Vox y a todas las formaciones políticas similares de Europa. Y he aquí que Meloni -prima hermana de Abascal- le copia la medida estrella y estandarte de su progresismo, un impuesto extraordinario a la banca. La pérfida Albión (léase la ultraderecha) adopta la misma medida que “el gobierno más progresista de Europa”. Y ambos coinciden con Erdogan y el Gobierno de Hungría, país al que la Comisión Europea tiene en cuarentena y que fue pionero en crear un impuesto extraordinario a las entidades bancarias.

Y es que ni esta medida es de izquierdas ni este gobierno es progresista ni Meloni ni Abascal son tan diabólicos como Sánchez pretende hacernos creer. Los extremos se tocan, porque todos los populismos son iguales por mucho que porten caretas distintas, unos de izquierdas, otros de derechas. Ejecutan de una o de otra forma políticas parecidas. A pesar de mantener un discurso demagógico y en apariencia a favor de las clases bajas y medias, sus medidas no buscan incrementar la igualdad real, sino las que tengan apariencia de tales. El resultado social importa poco, lo relevante es conseguir la adhesión de las masas. Todo ello suele ir unido a la precipitación en las medidas y a la ausencia de conocimientos económicos en aquellos que las adoptan, con lo que las actuaciones no solo son contraproducentes, también son chapuceras.

Chapucero fue sin duda el tributo extraordinario sobre la banca creado por el Gobierno español, ya que entre otras cosas, no se entiende muy bien por qué se discrimina por el tamaño de las entidades. Es aplicar un criterio que tiene sentido para las personas físicas, pero no para las jurídicas, que no por ser más grandes son más ricas. Chapuza es, que el gravamen se establezca no sobre los beneficios (ni extraordinarios ni ordinarios), sino sobre los intereses y comisiones de los créditos. El 4 de agosto del año pasado, desde este mismo diario digital en un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, mostré claramente mi opinión sobre este tributo.

El que establece ahora el Gobierno de Italia no es más congruente, porque si bien es verdad que pretende hacer recaer el gravamen (con un tipo del 40%) sobre los beneficios extraordinarios, el problema aparece a la hora de cifrarlos. En este cometido se pierde en un laberinto, considerando tales a las ganancias de 2022 que sean superiores en un 3% a las de 2021, y a las de 2023 que se encuentren por encima del 6% de las de 2022. El carácter arbitrario de tales porcentajes se hizo patente rápidamente cuando el Gobierno, ante la reacción muy negativa de la bolsa, se vio en la obligación de modificar al alza esos porcentajes (al 5% y al 10%, respectivamente). No constituye ninguna novedad que el populismo tenga que rectificar, y si no que se lo digan a Sánchez con la ley del sí es sí.

Meloni justificó el gravamen porque: “No es impuesto sobre un margen legítimo, sino sobre un margen injusto”. Un discurso que nos resulta conocido. Como nos resulta conocido todo lo que describe Lorena Pacho en El País del día 18 de este mes acerca del abuso de legislar mediante decretos leyes, sobre todo si tienen el carácter de ómnibus, ya que dejan sin margen y sin capacidad de contestación a la oposición y a las cámaras. Pero noten ustedes que me estoy refiriendo a una información de El País. Es decir, que la descripción y la crítica no tienen por objeto a España ni al comportamiento del gobierno de Sánchez, sino a Italia y a Meloni. El escándalo en este país ha sido tan grande que, según cuentan, ha tenido que intervenir el presidente de la República advirtiendo al Gobierno y a las Cámaras del riesgo que esta forma de legislar comporta y que solo está permitida en casos extraordinarios y de urgencia. No obstante, leyendo el artículo parece que está hablando de nuestro país y de este Gobierno tan progresista. Solo que nosotros no tenemos presidente de la República que reprenda, sino un rey que no puede interferir en la forma de gobernar. A los sanchistas, que tan poco les gusta la monarquía, no saben la suerte que tienen.

Pero retornando al impuesto, en el imaginario populista la banca aparece como la representación de la explotación económica y de la perversidad social. Muy distinta debería ser la opinión en una verdadera ideología de izquierda o socialdemócrata. El progreso económico ha dependido tanto o más del desarrollo de la actividad financiera que de la revolución industrial. Se debe reconocer la gran importancia que las entidades bancarias tienen en una economía moderna. De ahí que no se las pueda ver como enemigos, tal como las quiere presentar el populismo para ganar votos, sino como un instrumento a controlar y utilizar. Solo se convierten en dañinas cuando el poder político las deja actuar a sus anchas o cuando se encama con ellas.

Un pensamiento auténticamente progresista, a la hora de tomar medidas redistributivas no se fija tanto en una entidad abstracta como la banca, sino que intenta profundizar en los intereses y agentes que se encuentran en el interior de esa cáscara: tomadores de créditos, depositantes, accionistas, ejecutivos…

A menudo, desde el populismo, bien sea de derechas o de izquierdas, se confunde a las entidades financieras con sus ejecutivos. Craso error, porque por muy alta que sea la participación de estos en el capital de un banco será siempre ínfima; y si es a ellos a los que se quiere gravar por el escándalo que producen sus altas retribuciones, el procedimiento no debe ser a través de un impuesto nuevo a las entidades, sino mediante una modificación del IRPF, incrementando sustancialmente el tipo marginal máximo. Esta medida tiene además la ventaja de ser más equitativa al recaer sobre todos los directivos según su renta, sea cual sea el sector en el que prestan su actividad, sin quedar reducida al bancario. Bien es verdad que la carga fiscal, al ser más general, sería más impopular, y eso no entra en los planes del populismo.

Tras las entidades financieras se encuentran también los accionistas, que son los auténticos dueños del banco. Pero conviene señalar desde el primer momento que el capital o patrimonio neto es una parte más bien reducida de todo el pasivo de la entidad. Por otra parte, la condición de accionista puede ser muy dispar. Existen pequeños, medianos y grandes, y si es a estos a los que se pretende incrementar el gravamen, no parece justo castigar a todos por igual, ni siquiera proporcionalmente, sino progresivamente; lo que nos remite a la tributación de las rentas de capital en el IRPF que, como mínimo, debería ser igual a la de los ingresos de trabajo y, en cualquier caso, someterlas a una escala de tipos más progresiva.

Este tratamiento, al igual que en el caso anterior, aportaría mayor equidad porque se aplicaría a todas las rentas de capital y no solo a los accionistas de los bancos. Es más, para ser coherente debería completarse con una reforma en profundidad del impuesto de patrimonio y del de sucesiones, tendente a evitar que los ingresos permaneciesen estancados en las sociedades sin tributar.

Antes de imponer un impuesto extraordinario a la banca, el Estado debería tener en cuenta la repercusión que va a tener sobre los clientes de las entidades financieras, ya sean del activo o del pasivo, es decir, tomadores de crédito o depositantes. Estos últimos están expuestos a las posibles crisis o quiebras que puedan sufrir las entidades. Ello conduce a que una de las tareas primeras de los poderes públicos en el sector bancario sea la de vigilar la solvencia de las entidades. En España tenemos demasiada experiencia de cómo en las tres últimas décadas las crisis bancarias han forzado a la intervención del Estado para salvar los intereses de los depositantes y en cierta medida para que no influyesen de forma muy perjudicial sobre la economía nacional. Estas actuaciones han comportado casi siempre enormes agujeros en el erario público.

Un impuesto extraordinario sobre la banca puede influir negativamente también tanto sobre los depositantes como sobre los demandantes de crédito. Por mucho que se diga lo contrario, las entidades pueden repercutir el gravamen a los clientes y todo indica que ello ocurre y va a seguir ocurriendo. El Gobierno español -de forma chapucera y lindando con la ignorancia o con la hipocresía- prometía que no se iba a trasladar el gravamen. La norma establecía fuertes sanciones a los incumplidores y encomendaba el control al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, control que resulta totalmente imposible realizar. Las entidades tienen múltiples medios de burlar la vigilancia y trasladar la carga a los clientes. Existe una forma inmediata de hacerlo que ya señalaba en el artículo del año pasado anteriormente citado, consiste en no hacer nada en realidad. Basta con aplicar la subida de tipos de interés al activo y no trasladarlo al pasivo.

La gran economista Calviño abroncaba a los bancos españoles porque, a diferencia de los extranjeros, no incrementaban la retribución de los depósitos. Parece que no se le ha ocurrido pensar que es el impuesto de su Gobierno el causante de ello, gravamen que lógicamente no actúa sobre los bancos extranjeros.

Meloni ha justificado el tributo sobre la base de que, dada la concentración existente en el sector, se produce una ausencia de competencia y de que las entidades financieras están elevando los tipos de activo y no de pasivo. Tampoco está muy fina la primera ministra italiana. No parece tener en cuenta que precisamente por esa falta de concurrencia que denuncia las entidades financieras no tendrán ningún problema en repercutir el gravamen, con lo que se perjudicará a aquellos a los que la señora Meloni dice querer favorecer, a los clientes.

En España la chapuza se ha producido también en el procedimiento de tramitación, lo que ha ocasionado que la norma se haya recurrido ante los tribunales. Solo faltaría que la sentencia fuese contraria a la Administración y que después de que el impuesto haya recaído sobre los clientes, el Estado, es decir todos los españoles, tuviese que devolver el dinero a la banca. El culmen del progresismo. Bien es verdad que presidiendo Conde-Pumpido el Tribunal Constitucional no hay peligro de que ocurra esto último.