El sainete que está ofreciendo el gobierno de Sánchez con la ley Montero, Irene, daría lugar a una telenovela, soup opera, si no fuera por las graves y disolventes consecuencias en la debida reparación a las víctimas y la confianza legítima en el poder legislativo, como un poder del básico y nuclear del Estado de Derecho.

Ante todo, es necesario recordar que la identificación de la ley con la ministra de Igualdad no es correcta. Esta ley es una ley del gobierno de Sánchez, informado el proyecto en la comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, bajo la competencia del ministro de Presidencia Bolaños y aprobada en el Consejo de ministros que es un órgano colegiado.

Las leyes no son del ministro que eleva el proyecto de ley a la aprobación del Consejo, sino que necesitan la conformidad, tras deliberación, de todos sus integrantes que lo hacen suyo.

Si hay del orden de 400 condenados por delitos contra la libertad e indemnidades sexuales que han obtenido una rebaja en sus condenas, la responsabilidad es del gobierno y de quien lo preside.

Por ello, lo primero que debería hacer el presidente Sánchez, mas allá de contemplar las infantiles rabietas de su ministra Montero que manifiesta una incapacidad absoluta para soportar las criticas de diputados tan representativos como ella y medios de comunicación, es pedir perdón públicamente a las víctimas que han visto como la pena impuesta en la reparación del delito que han sufrido se rebaja por efecto de su ley patrocinada.

No se ha dado ninguna explicación de cómo el ministro de Presidencia Bolaños, responsable del orden del día del Consejo de ministros y de las relaciones con las Cortes ignoró o consintió que no se incorporara informe del Consejo de Estado, del Consejo del Poder judicial y se apartara el que elaboró el ministerio de Justicia en tiempos de Juan Carlos Campos. Con la cantidad de funcionarios y asesores con que se ha rodeado la presidencia del gobierno, es injustificable y una grave negligencia que no se hubiera intervenido en el procedimiento legislativo a fin de impedir que la ley produjera un efecto mas beneficioso a los condenados que el que correspondía, conforme al Código penal que fue objeto de reforma.

Tampoco es explicable que la ministra Montero y su compañera de grupo, Ione Belarra, se pasen el día felicitándose por la ley y abrazándose, mientras echan la culpa de la excarcelación a jueces y magistrados a los que califican de fascistas y/o machistas o a la oposición

En los deportes solo los jugadores-jugadoras se abrazan cuando meten goles en la portería contraria, no en la propia.

Menudo papel también el que ha hecho Ciudadanos apoyando con su voto en el Congreso la aprobación de esta ley. Sin capacidad de reacción y de formular algún discurso mas allá de sus intrigas, lo que queda de este partido, que nació en Cataluña como un proyecto esperanzador en el universo de la política y con incorporaciones valiosas, no pasa de ser un casting para un reality de supervivientes.

La otra ley aprobada por el Gobierno de Sánchez que ha recibido un varapalo por el Tribunal Supremo afecta al sistema tributario. La fijación de un valor de referencia catastral en las transmisiones de inmuebles por cualquier título se impone a los contribuyentes, independientemente de valor real y al mismo tiempo se restringen los recursos administrativos, limitando sus derechos. Ley que es una ocurrencia de la otra ministra Montero, María Jesús, la de Hacienda.

En Andalucía para maquillar las demoras en las listas de espera quirúrgicas del sistema sanitario, encontraron el truco de borrarlas. Y para solucionar el problema de déficit presupuestario dejo de pagar parte del canon de los conciertos a las clínicas privadas.

El futuro que le espera a las leyes fiscales del gobierno Sánchez, ley del recargo a las grandes fortunas y de la doble imposición a bancos y eléctricas, tiene por delate un horizonte nítido de recursos ante la jurisdicción y, si llegan, ante el Tribunal Constitucional. De momento, las inversiones de latino americanos en inmuebles en Madrid y Costa del Sol se han paralizado por la repercusión del impuesto a las grandes fortunas, cuando lo que debemos intentar es ser un destino amable para los inversores internacionales. Con rapidez y reflejos, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado un incentivo del 20 por ciento a los inversores extranjeros en la Comunidad de Madrid.

Y con relación a Bancos y eléctricas lo que procede no es una ley tributaria singular que distorsiona los sectores económicos, sino reforzar los derechos de clientes, inversores y usuarios, suprimiendo comisiones y demoras en los abonos de transferencias y ampliar la competencia y la transparencia en el sistema bancario y en el eléctrico.

Con tantos líos entre socios de gobierno y tanto maquillaje del gobierno no hay tiempo para preparar solidos proyectos de ley que mejoren y no empeoren el ordenamiento jurídico.