Los medios de comunicación del Gobierno ya están aplicando el argumentario que a buen seguro el entorno creativo de Pedro Sánchez ha fabricado tras la diatriba de Carles Puigdemont este martes en Bruselas. La idea general del mismo no es otra que la de hacer llegar a la ciudadanía la idea de que el líder de Junts estuvo relativamente moderado, que sus exigencias no son excesivas -incluso resultan “lights” para algunos portavoces periodísticos-, que pueden ser plenamente asumibles y que por lo tanto, como señalan fuentes del Ejecutivo, hay margen de maniobra.

Que las peticiones planteadas -amnistía y referéndum de autodeterminación, especialmente- estén o no dentro de la Constitución es, para los mismos, una cuestión baladí y secundaria que en nada debería afectar al fondo de la cuestión, que no es otro que el de conseguir para el presidente de Gobierno un acuerdo de investidura con las “fuerzas progresistas” que le permita continuar al frente del país.

Si en la anterior legislatura hubo un lavado de cerebro colectivo con expresiones como sedición, malversación de caudales públicos o indulto, ahora toca continuar el sortilegio dialéctico con amnistía, desjudicialización del conflicto catalán o referéndum.

Y que conste en acta que esto nada tiene que ver con estar o no a favor o en contra de lo acaecido o de lo que pudiera acaecer, que de todo hay, sino con el hecho tangible y verificable de que Pedro Sánchez se asentó en el poder en 2019 prometiendo que no haría lo que finalmente hizo y que ahora quiere repetir señalando que tampoco hará con la Constitución lo que a lo mejor tiene que acabar haciendo. Entonces cambió de opinión, como él mismo ha reconocido reiteradamente, y nadie nos asegura que ahora no vuelva a hacerlo.

El pasado 20 de agosto, El País, medio habitualmente cercano a las tesis de la Moncloa y punta de lanza de las cuestiones más conflictivas que quiere poner en marcha el Ejecutivo a continuación, abría su página web con el título “Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al ‘procés’”. Era el pistoletazo de salida para que se empezara a visibilizar y normalizar lo que para muchos va a acabar siendo una amnistía imparable si no hay elecciones anticipadas. Como la expresión alivio penal no estaba entrecomillada, ignoro si era un mensaje directo del Gobierno que el periódico asumió o simplemente una idea del propio medio.

Este domingo, el mismo rotativo lanzaba una encuesta de 40dB de la que se deducía que los españoles estábamos a favor, 44% frente al 40%, de la amnistía para los condenados del 'procés', aunque en la pregunta en cuestión no se utilizaba la citada expresión. “¿Sería positivo que, en el marco de la Constitución, se llegara a un acuerdo para desjudicializar el conflicto catalán como parte del acuerdo para la investidura del presidente?”, preguntaba textualmente el encuestador. Según se desprende de la lectura de la citada información, la conclusión a la que llega El País es que estar a favor de “desjudicializar el conflicto catalán” viene a ser prácticamente lo mismo que apoyar una ley de amnistía.

No deja de ser sorprendente, según destacados juristas consultados, que este medio relacione directamente y sin tapujos una investidura con nada más y nada menos que una ley de amnistía.

En relación con esta cuestión es bueno recordar las palabras de Juan Carlos Campo, actual vocal del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia de Pedro Sánchez, cuando en una entrevista en La Sexta le dijo a Antonio Ferreras que “no”, rotundamente "no", que ni la amnistía ni el referéndum de autodeterminación “caben” de ninguna manera en la Constitución.

Pero da igual, el relato ya está en marcha. Por una parte, el de la amnistía como algo lógico y normal y por otra el de diluir y blanquear -cuando no restar importancia- a las otras cuestiones que planteó Carles Puigdemont en Bruselas.

Ningún politólogo ni medio afín a la Moncloa ha criticado la extorsión que supone afirmar que los independentistas, si no se aceptan sus demandas, tienen todo el derecho a volver a las andadas en el futuro. Y que por lo tanto Sánchez tendrá que tragar y elegir entre “repetir elecciones, o pactar con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”, según las palabras del ex president.

Ni les merece la pena recordar tampoco que se dijo claramente que con la amnistía no se acaba nada, sino que comienza todo, que no es el punto final en las negociaciones sino el inicial: “Que nadie se engañe, -dijo textualmente Puigdemont- no hay una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña, y por lo tanto de su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de manera democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir el mandato político del 1 de octubre, tal como hemos recalcado desde hace años”.

En resumen: para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa hay que elaborar para Junts una ley de amnistía antes de empezar a hablar de investidura y llegar a un acuerdo con fechas sobre el referéndum de autodeterminación en la legislatura que ahora empieza cuando el Ejecutivo “progresista” ya esté gobernando. Y entre medias, palabra de Puigdemont no nuestra, que los jueces dejen de poner sus sucias manos sobre el independentismo y que la Fiscalía y la Abogacía del Estado miren para otro lado.

Carles Puigdemont tiene todo el derecho a pedir lo que quiera. Como también tendrán todo el derecho a exigir lo que les de la gana tanto ERC como el PNV, que ya ha empezado, como Bildu y como el BNG en su intento legítimo de poner también un alto precio a sus escaños y no ser menos que el vecino de Waterloo. Visto así, la subasta no ha hecho más que empezar.

El problema radica en saber si el PSOE y su secretario general -ni Sumar ni Yolanda Díaz cuentan para nada por mucha foto que se haya hecho la vicepresidenta en Bruselas- están dispuestos a acabar con este disparate, a romper la baraja y convocar nuevas elecciones para no ser rehenes de los independentistas -lo que no es descartable- o si por el contrario son favorables a dar mucho más de lo que tienen, a hipotecarse e hipotecarnos para seguir siendo, no hay que olvidarlo, el presidente de todos los españoles y no sólo del 6,56 por ciento de los que votaron el pasado 23J y que apoyaron a Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG.

Porque si finalmente sucumbe al chantaje son estas cinco fuerzas las que llevan camino de ser, sí o sí, el alivio penal de un necesitado y paupérrimo Pedro Sánchez.