La Ley

Hace apenas una semana, la Cámara Alta de nuestro sistema parlamentario –ese ruedo ibérico de madera noble barnizada– aprobó la Ley para la regulación de la Tauromaquia como Patrimonio cultural del pueblo español. La aprobó por gran mayoría y acaba de aparecer en el BOE de ayer mismo. No redundaré en la valoración del escrutinio del voto de nuestros senadores (apenas el 12% votó abiertamente en contra), pero me peta llamar la atención sobre algunos argumentos de los perdedores, a saber, los representantes de la izquierda radical e independentista catalana y la izquierda más izquierda y más unida de nuestro país. Aquéllos, advirtiendo del daño que la aprobación de la Ley podría hacerle a “la marca España”, y estos estableciendo una concomitancia entre esplendor de la fiesta de los toros y el franquismo. Para alucinar en colores. Ya no sabe uno qué es más grave y más común en nuestra clase política, si el cinismo o el cretinismo.

Nadie crea ver en esta afirmación tintes ideológicos, posturales o tendenciosos. Quienes me conocen, saben que  mis filiaciones jamás fueron políticas, sino estrictamente humanas. En cuestión de este tipo de colores, soy daltónico. Solo creo en las personas. En las personas que creo, naturalmente, lo cual, me ha proporcionado un caudal inmenso de relaciones afectivas entrañables, y también, como es público y notorio, me ha deparado sonoros batacazos, porque hay tipos que están arteramente embozados bajo disfraces de bonhomías y lealtades, desapercibiendo su miserable condición. Así, pues, simplemente he querido remarcar mi estupor ante los increíbles pronunciamientos de algunas de nuestras señorías; constatado lo cual, vamos al grano.

El grano es la Ley. Y tómese el vocablo “grano” en dos de sus múltiples acepciones: “grano”, en el sentido de molesta protuberancia, es para la militancia antitaurina, tan activa como intolerante, tan insultante como violenta, y “grano”, en el sentido de semilla fecunda, que servirá para el apuntalamiento de la Tauromaquia en todo el territorio nacional y su blindaje ante futuros acosos.

La Ley que tengo ante mis ojos  viene a sustituir a la llamada “ley Corcuera” de 1991 sobre potestades administrativas de espectáculos taurinos, ya obsoleta y, por tanto, necesitada de una urgente renovación. La Ley mantiene como postulado principal en su Preámbulo que “el carácter cultural de la Tauromaquia es indiscutible” y que tiene por objeto su protección “como parte del patrimonio cultural”, para lo cual establece unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado, tutelando el derecho de todos los españoles a “conocer la Tauromaquia, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones”. Se dictan normas para constituir una Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, que sustituya a la existente, un Plan Nacional con medidas de fomento y protección, así como para impulsar la tramitación que incluya a la Tauromaquia en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Igualmente, se actualizará la normativa taurina (un solo Reglamento sería ideal), la unidad de mercado, unidad de empresa y la colaboración estrecha con el resto de las Administraciones Públicas.

Estas son las líneas maestras de la Ley. Una Ley taurina que era el cimiento imprescindible para levantar el nuevo edificio de la Tauromaquia. Ahora, al margen de la contundencia de esta Ley, que garantiza que las Comunidades Autónomas no podrán legislar en contra de las corridas de toros, habrá que esperar el dictamen del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Partido Popular acerca de la prohibición de los toros (solo de las corridas, naturalmente) en Cataluña. Es cuestión de unos pocos meses. Si se diera el caso de que el TC revocara dicha prohibición –y argumentos tiene para ello—quedaría sin efecto aquél polémico y sectario acuerdo del Parlament.

Ningún aficionado a los toros ni profesional del sector taurino podrá negar la providencial iniciativa que promovió mi querido amigo Luis María Gibert en Barcelona, va para tres años. Ni el dinamismo y eficacia del actual gobierno de la nación (aquí sobran postulados ideológicos del bando que fuere). Ahora los integrantes de los llamados “estamentos taurinos”, tienen el toro en el ruedo. Son los empresarios, toreros, ganaderos, adláteres varios, medios de comunicación y aficionados en general quienes habrán de bregar con él y sacarle su mejor partido, para lo cual deben hacer esfuerzos por acercar posturas, ablandar rigideces  y mirar para adelante, si quieren ser consecuentes con la realidad.

La promulgación de la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, ha sido una gran noticia para todos los que sentimos, amamos y tratamos de dar a entender la fiesta de los toros. La noticia adquiere la dimensión de histórica, porque nunca antes, desde las Partidas de Alfonso X, quienes gobernaron España se ocuparon de la Fiesta para otra cosa que no fuera dictar puntuales prohibiciones, alardear de destrezas y bizarrías ante las damas palaciegas, godas, germanófilas y galicursis en su época de primigenia o de ocupar callejones en la contemporánea.

Después de ocho siglos, un rey, como Jefe del Estado, vuelve a firmar una orden de obligado cumplimento: “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley”. Hágase, pues. La ley, con o sin mayúscula, es la ley.