Belarra contra la legalidad 

Desde el Gobierno de España se han dicho y hecho cosas que claman al cielo como cuando el presidente Sánchez vetó un viaje del Rey Felipe VI a Barcelona, lo que el ministro Campo, de Justicia, explicó diciendo que con ese veto se pretendía evitar que se dañara la convivencia en Cataluña.

Luego, cuando el Rey Felipe VI aclaró a la Escuela Judicial de Cataluña que le hubiera gustado asistir a ese acto académico, lo que le prohibió Sánchez, el ministro Garzón, de Consumo, declaró que el Rey había roto la neutralidad y que maniobraba en contra del Gobierno.

También desde el interior del Ejecutivo el ex vicepresidente Pablo Iglesias declaró que ‘España no es una democracia plena’ y añadió que en nuestro país ‘hay presos y exiliados políticos’, y llegó a comparar a Puigdemont con los exiliados de la II Republica española.

El presidente del Gobierno, en fecha reciente y para justificar los indultos que él había prometido que nunca aprobaría, declaró que oponerse a los indultos incluía actitudes de ‘venganza’, como si el cumplimiento de la legalidad, de las sentencias y de las condenas dictadas por los tribunales fueran actos de venganza y no la simple aplicación de la legalidad.

Y no hace mucho que la vicepresidenta Carmen Calvo decía en el Congreso que la crisis catalana era culpa y responsabilidad de los gobiernos del PP, de lo que se derivaba que los golpistas catalanes del 1-O y del 27-O no tenían responsabilidad alguna en la crisis catalana.

Y ahora, ayer, la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, ha declarado que Puigdemont y el resto de prófugos golpistas deben regresar a España libremente sin ser detenidos ni sometidos a juicio. Lo que constituye una soflama en contra del Estado de Derecho, lanzada desde el mismo Gobierno de la nación, lo que es el colmo y ha obligado a la ministra portavoz Montero a rectificar las palabras de su compañera en el Consejo de Ministros.

Estas cosas que se dicen y que hacen en el interior del Gobierno de España son impensables que ocurran en cualquier gobierno democrático del mundo y menos aún en nuestro entorno europeo. Y pasan y ocurren sobre todo por culpa  del presidente Pedro Sánchez consiente y participa en el espectáculo y acepta los desafueros de sus ministros.

Pero esto es lo que hay y lo que apoya y consiente el PSOE rompiendo con su trayectoria democrática en la transición. Y haciéndose cómplice directo  de semejante desprecio de la democracia y la legalidad. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que una convocatoria de elecciones generales les ofrezca a los españoles una nueva oportunidad.