Lo que faltaba: Indultos y reforma de la ‘sedición’

Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo confirme en días venideros la inhabilitación de Quim Torra y fuerce la salida de la Generalitat de este payaso de la política, que ha perdido la Presidencia de Cataluña por poner una pancarta (sic) y que todavía amenaza con una nueva desobediencia.

Pero mientras tanto en círculos políticos catalanes se dice, como contaba ayer La Vanguardia, que el Gobierno de Sánchez está moviendo fichas para una reforma exprés del delito de ‘sedición’ para antes de que se celebren las elecciones catalanas.

Las que, salvo decisión en el último minuto de Torra si decidiera disolver el Parlament, podrían celebrarse en febrero de 2021. Pero la reforma del delito de sedición en el Código Penal, para quitar el agravante de ‘tumulto’ y poner en su lugar la ‘violencia’ para reducir las penas y ‘encarecer’ la sedición, no sería suficiente para los planes del Gobierno de Sánchez y sobre todo los del vicepresidente Iglesias.

Porque esa reforma del delito de sedición, reduciendo las condenas últimas del Tribunal Supremo a los golpistas a tres años, olvida que estos también también han sido condenados por malversación y además todos ellos están inhabilitados. Por lo que nada de reducir las penas de la sentencia a los sólo tres años que pretenden los golpistas, y mucho menos lo de participar en las elecciones catalanas porque lo de la inhabilitación sólo lo quita el indulto.

Y por eso quiere Sánchez renovar el Poder Judicial, para controlar el Tribunal Supremo y acelerar y facilitar los indultos. Lo que actualmente no es nada fácil. Y menos cuando los golpistas, con Oriol Junqueras a la cabeza, no se arrepienten de sus delitos y dicen que los volverían a repetir.

Sobre todo si el Gobierno del PSOE pone ‘barato’ (a tras años de cárcel y prácticamente uno de cumplimiento) el delito de sedición, lo que facilitará otros referéndums ilegales de autodeterminación como el del 1-O de 2017.

Y todo esto lo está negociando el vicepresidente Iglesias con Rufián para que ERC les dé conformidad a unos PGE izquierdistas del Gobierno, que dejen fuera de juego la opción del pacto con Cs, más moderada, que es la que prefieren Sánchez y las vicepresidentas Calvo y Calviño.

Ahora bien, abrir ahora el melón de la sedición y los indultos a los golpistas, en plena crisis sanitaria, económica, social e institucional del país, sería provocar un gran incendio político en toda España, y motivo suficiente para aumentar los niveles de la indignación ciudadana hasta cotas muy altas que ni Sánchez ni Iglesias podrían sospechar.