Los contagios por el COVID-19 siguen por encima de los 3.500 diarios y el número de personas fallecidas también empieza a preocupar aunque no estamos en las tremendas cifras de meses atrás. También ha crecido el número de hospitalizaciones y preocupan las carencias de Remdisivir, el medicamento más eficaz contra el virus.

Está subiendo el nivel de la marea contagiosa y ello hace pensar a muchos expertos que España podría estar cerca de sufrir un nuevo tsunami en el ámbito sanitario, lo que se llama ‘la segunda oleada’, pero el Gobierno se resiste a reconocer esa situación.

Como se resiste a asumir el mando sanitario nacional que ahora está en las manos de las Comunidades Autónomas desde donde se toman medidas de control de movilidad que luego echan abajo los jueces.

Sobre todo porque las CC.AA. carecen de competencias con la capacidad de adoptar decisiones que afectan a los Derechos Fundamentales de las personas, como la libertad de movimiento y de reunión.

El Gobierno está a la espera de no sabemos exactamente qué y, bien sigue de vacaciones -Sánchez adelantó su regreso a La Moncloa-, o simplemente está a la espera del primer Consejo de Ministros de septiembre donde debe anunciar un paquete de medidas importantes tanto en el ámbito económico como en el sanitario.

Pero Sánchez no está a favor de otro ‘estado de alarma’ o confinamientos y le preocupa y mucho la imagen de España y el riesgo de que los mercados empiecen a contemplar nuestro país como un lugar de alto riesgo y por ello acelera las discretas negociaciones con Cs para aprobar los PGE de 2021.

A la vez Sánchez trata de impedir que Pablo Iglesias ponga vetos al pacto con Cs o pretenda incluir propuestas (fiscales y laborales) de una izquierda radical que no serían aceptadas ni por Cs ni por la UE.

A sabiendas Sánchez que los problemas judiciales de Podemos le impiden a Iglesias romper el Gobierno coalición y que Pablo Iglesias no querrá correr el riesgo de un adelanto electoral.

Mientras el PP está pidiendo en el Congreso de los Diputados la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación de UP, lo que sin duda van a frenar los nacionalistas radicales y el PSOE. El que también impidió un debate o sesión informativa sobre el Rey emérito, don Juan Carlos.

Todo está parado, quedan siete días de agosto y la caravana de regreso de las vacaciones a las ciudades de residencia habitual. Ahora bien, a partir del día 1 de septiembre -y a sólo diez días de la Diada catalana de los presos- el curso político deberá arrancar a toda velocidad