¡Taxi!

Las huelgas en el transporte público en España deben de estar reguladas por una ley que impida secuestrar a la ciudadanía, recortar la libertad de movimiento del resto de ciudadanos y que obligue a los autores de huelgas salvajes, excesivas y violentas y a sus organizaciones a indemnizar a los ciudadanos, empresas e instituciones que sufran cualquier destrozo o daño económico.

Hablamos de todos los huelguistas del transporte. Desde los controladores aéreos a los trabajadores de aeropuertos, aviones, estaciones, camiones, trenes, autobuses, barcos, metro y taxis. De los que están relacionados con el transporte público y privado o que tienen licencias para trabajar en dicho sector.

Y en los casos extremos de violencia, daños físicos y de destrozos, o de no asistencia a los enfermos y los discapacitados, además de las sanciones económicas y administrativas los autores de los desafueros y sus dirigentes deberán perder el puesto de trabajo o incluso sus licencias de transportes y someterse a la autoridad judicial.

Ya está bien del chantaje de unos desalmados que convierten su derecho y libertad de expresión y de manifestación en una agresión a ciudadanos de bien, empresas, instituciones o a sus competidores como ahora ocurre con los taxistas.

Las huelgas en días cruciales de vacaciones, que dejan bloqueadas a miles de personas que han pagado sus viajes y hoteles y tirados en estaciones y aeropuertos a familias enteras, son un escándalo nacional, como lo son en estos días los bloqueos de carreteras y autovías y agresiones y destrozos por parte de los taxistas, amén del enorme daño económico y de imagen del país como ocurre ahora con Fitur en Madrid o el Mobile World Congress de Barcelona.

Y ya es hora que la clase política se ponga a trabajar en el Parlamento para una reforma de la legislación del transporte de manera urgente e inmediata. Un Ley donde también se incluyan unos obligatorios servicios mínimos que ofrezcan las garantías suficientes para que nadie pueda bloquear un sector o varios sectores del país y secuestrar a miles de sus ciudadanos, causando daños físicos y materiales e importantes pérdidas económicas.

En cuanto a los taxistas de Madrid y Barcelona lo primero que se les debe exigir es un servicio respetuoso en taxis limpios, adecentados y no en los muchos cochambrosos automóviles que circulan por ahí. Y se deben hacer públicas las listas de todos los propietarios de las licencias, donde hay acumuladores de taxis camuflados, e impedir la especulación y reventa de licencias. De manera que si un taxista abandona el trabajo la licencia vuelve al Ayuntamiento sin que la pueda vender o traspasar por cifras desorbitadas.

Y cuando todo esto ocurra y se mejore y se cambie a fondo la legislación sobre transporte público y privado , entonces empezaremos a hablar de las reivindicaciones de los taxistas. Pero no bajo chantajes, la violencia y toda clase amenazas a la ciudadanía en general.