¿Fin de los aforamientos contra el juez Llarena?

La propuesta del Presidente Sánchez de la reforma constitucional express para acabar con los aforamientos políticos puede esconder un plan -gato encerrado- para apartar al magistrado Pablo Llarena y al Tribunal Supremo del proceso en curso contra la trama golpista catalana ahora procesada por el delito de rebelión entre otros.

La posible argucia de Sánchez, en presunta connivencia con PDeCAT, ERC, PNV y Podemos, no tendría efecto alguno si el juicio oral en contra de los golpistas catalanes estuviera abierto. Lo que puede ocurrir antes de final de año. De ahí la sospecha que suscita la pretendida urgencia de Sánchez -¿a cuento de qué?- de liquidar los aforamientos políticos en tan solo ¡60 días!

Lo que abunda en la necesidad de que los partidos constitucionales, PP y Cs, estén vigilantes y no consientan (tienen capacidad legislativa suficiente para impedirlo) que el final de los aforamientos políticos no se apruebe ni entre en vigor hasta que esté abierto el juicio oral de los golpistas catalanes en el Tribunal Supremo.

Solo faltaba que, con una maniobra política de este calibre, los procesados del golpe salieran del marco jurisdiccional del Tribunal Supremo camino de la Justicia ordinaria y con vuelta a empezar, pudriendo en tiempo y forma el procedimiento en curso y la detallada instrucción del magistrado Llarena.

El juez que, a la vista de los continuos desistimientos del Gobierno frente a la trama golpista, debería acelerar el cierre de la instrucción de este caso y anunciar cuando antes la apertura del juicio oral.

Y que se cuide y mucho el Gobierno de Sánchez y su ministro de Interior del riesgo de fuga del procesados encarcelados en Cataluña porque, visto lo anunciado por Torra, esa posibilidad tampoco se debería descartar.