Esperando al magistrado Llarena

Si el Gobierno de Rajoy mantiene su ritmo de crucero previsto lógico será que sin la menor tardanza el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha acumulado todas las causas del golpe de Estado catalán, comience está misma semana a estudiar los recursos presentados por Junqueras, los otros siete ex consejeros del Govern y los dos Jordis para decidir sobre sus peticiones de final de la prisión preventiva.

La que semanas atrás acordó la juez Lamela de la Audiencia Nacional, tras la negativa de todos ellos a declarar y la petición de la Fiscalía que entonces presidía el fallecido Fiscal General Maza.

Cabe imaginar que el nuevo Fiscal General y magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, designado por Rajoy está en la órbita del Gobierno y presto a secundar sus peticiones. De lo que se deduce que no se opondrá a los criterios del magistrado Llarena sino que los secundará y que la operación de ‘suelta’ de presos del golpismo catalán seguirá los planes ya elaborados a nada que estos presos, como Forcadell y sus adjuntos, den facilidades en base a un acatamiento explícito del artículo 155 de la Constitución.

Y puede incluso que sin tener que declarar, como hizo Forcadell -y todos ellos se negaron ante Lamela- sobre el cúmulo de los delitos que ahora se les imputa (rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia) y el fondo de la cuestión que se instruye: ‘organización criminal’ para romper el orden constitucional declarando la independencia de Cataluña’.

Algo que conviene recordar porque nos tenemos lo peor: que no sólo les faciliten la libertad con fianza -sin declarar todo lo que deben ante el juez- sino que el magistrado Llanera vaya rebajando el nivel del delito en pos de una simple ‘conspiración para la rebelión’. Lo que podría dejar las penas en poco más de los tres años de cárcel, nada que ver con las penas de rebelión o sedición, a pesar de que este último delito es flagrante.

Ahora bien, supongamos que Llarena suelta a los ahora presos del golpe catalán ¿qué pasará con Puigdemont y los otros cuatro prófugos que se fueron con él a Bélgica si deciden volver a España? Pues si regresan para hacer campaña electoral, o los trae la Interpol si la Justicia belga acepta la extradición, otra vez tendríamos presos del golpismo catalán en la cárcel y vuelta a empezar.

Es verdad que Puigdemont ha perdido la cabeza (está a palos con la UE) y va a perder las elecciones con su lista electoral, pero las andanzas de este pájaro y de sus compinches no pueden quedar impunes y el juicio que les espera en el Tribunal Supremo no se debería retrasar al ritmo habitual de esa Corte porque estamos ante un caso de grave incidencia institucional.

En todo caso es la hora del magistrado Llarena, el acumulador del conjunto de diligencias procesales abiertas contra los golpistas catalanes. Y todo nos indica de qué actuará con celeridad para que ‘la suelta de presos’ llegue antes del inicio de la campaña electoral (y a ser posible antes de la decisión de la Justicia belga sobre Puigdemont). Cálculos políticos todos ellos que abundan en la sospecha de la intromisión política en el poder judicial, algo que viene de lejos y que no es de extrañar.