Cómo evitar los 'cuponazos' políticos

Desde que Felipe González perdió en 1993 la mayoría absoluta y en los posteriores mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy (salvo en los casos de mayorías absolutas) los primeros gobernantes de España de PSOE y PP hicieron importantes cesiones de soberanía y aportaciones económicas a los gobiernos autonómicos nacionalistas (de Cataluña y País Vasco), bien para las respectivas investiduras o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Semejantes concesiones económicas discriminan en las cuentas públicas al resto de Comunidades Autónomas no nacionalistas y además han causado un grave daño a la unidad de España añadiendo escalones a los procesos soberanistas hasta llegar al vigente desafío independentista catalán. Incluso y en menor escala está situación se está reproduciendo en el PSOE (como también en anteriores congresos de este partido) como se ha visto ahora en el reconocimiento de la 'nación catalana' que hace Pedro Sánchez al PSC para sumar los votos en las primarias socialistas.

Y ¿qué solución tiene esto? Pues es bien sencilla: habría bastado un pacto de abstención técnica entre PSOE y PP para facilitar la investidura al partido más votado o para aprobar los Presupuestos excluyendo del cómputo de los 350 escaños del Congreso los escaños nacionalistas. Lo que evitaría todo chantaje soberanista, permitiendo que se imponga el partido más votado en las elecciones o aquel que consiga más escaños con ayuda de otros grupos de la oposición siempre que no sean nacionalistas.

Por ejemplo: Rajoy podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Sánchez con el de Podemos, pero ninguno de los dos con los votos de PNV, CDCAT (la antigua CiU) o ERC. De haberse hecho así las cosas habríamos evitado muchos desastres como el Estatuto catalán de Zapatero, la llamada inversión lingüística de Aznar e importantes y discriminatorias transferencias de corte económico y de competencias, como ahora ocurre con el 'cuponazo' vasco.

Pero para hacer ese pacto de claro interés nacional hacían falta políticos con visión de Estado que en estos casos extremos estuviesen dispuestos a dejar de lado sus animadversiones políticas, personales e ideológicas. Y a buen seguro que de haberse hecho así ahora no estaríamos sometidos al chantaje independentista catalán.
Además los grupos nacionalistas del Congreso de los Diputados perderían de esa manera la descomunal ventaja que les aporta la vigente ley electoral.