¡Ya era hora! El Gobierno, por boca de su ministro Alberto Ruiz Gallardón, ha propuesto la reducción de los ¡17.622 aforados! que hay en España a tan solo 22, entre los que estarían la familia real, los presidentes del Gobierno y de los altos tribunales del Estado y los presidentes autonómicos. En realidad bastaba con dos, con el Rey y el presidente del Gobierno. Todos los demás deben estar a disposición de los Tribunales y al servicio de la legalidad.

La noticia ha sido bien acogida por la ciudadanía y es fruto de la indignación nacional con la corrupción política y de los efectos demoledores que todo esto ha tenido en las elecciones europeas. Y a la vez forma parte de la estrategia de iniciativa política que el Gobierno de Rajoy quiere implantar en este otoño de cara al año electoral de 2015, y pisándole el terreno al nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al resto de los partidos de la oposición.

De esa manera Rajoy adornará su propuesta de elección directa de los alcaldes, rechazada por toda la oposición, con este drástico e importante recorte de los aforamientos políticos en España para decir desde la Moncloa que se ha empezado la regeneración de la vida pública y democrática de este país.

Ya era hora, por más que de momento las reformas son escasas y están adornadas de un oportunismo electoral que beneficia al PP, pero el fin de los masivos aforamientos españoles ya está ahí y a más de uno se le debería caer la cara de vergüenza por justificar semejante disparate que no existe en las democracias europeas y en el que España era la gran excepción. Un escudo jurídico y a la vez político que ha salvado a muchos de la cárcel o el escarnio y que todavía lo usan muchos políticos imputados -como Chaves o Griñán-, que a partir de ahora deberían renunciar a esa ventaja si es que les queda algo de vergüenza torera para ponerse al nivel de los demás ciudadanos del país.