El coste que está teniendo y que va a tener para la Monarquía el que la infanta Cristina no sea imputada y citada a declarar ante el juez Castro que instruye el Nóos (y el de Aizoon) será mucho más grave del que se desprendería de su posible imputación y citación a declarar, como parece lógico visto los informes publicados. Esa imputación daría fe que los españoles somos iguales ante la ley, lo que no se cree nadie y con razón. Pero está visto que la Infanta es intocable porque se piensa que su imputación dañaría mucho a la Corona, de ahí que estemos asistiendo a una espantosa escalada de presiones contra el juez Castro que creemos que parten de la Casa Real y del Gobierno de Rajoy con la complicidad del PSOE de Rubalcaba, que el pasado fin de semana registró abucheos y pitidos contra la Monarquía en su reciente Conferencia Política.

La cadena político-judicial de las presiones contra el juez Castro y en defensa de la Infanta a buen seguro parten de la presidencia del Gobierno, es decir, de Rajoy, pasan por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón -un ‘enamorado’ de la realeza- y acaban sobre la mesa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce para acabar en el brazo del fiscal del caso, Pedro Horrach, quien pareció empezar su actuación en Nóos con cierta independencia pero que ahora actúa de manera lamentable desde que la Infanta Cristina entró en la escena y sufrió una primera imputación, que Horrach rechazó con la ayuda expresa, no menos sospechosa, de la Audiencia Provincial de Baleares.

Lo que provocó una segunda investigación del juez Castro que podría concluir pronto con una segunda imputación de la Infanta Cristina, motivo por el cual el fiscal, poniéndose la venda antes que la herida o pretendiendo amordazar al juez, se ha lanzado a la resbaladiza pista de patinaje negando el solo y por su cuenta que existan indicios para imputar a la hija del Rey, cuando aun no se conoce la decisión del juez y del resto de las partes personadas en el proceso.

Creíamos que el abogado de la infanta Cristina en el caso de Nóos y Aizoon, que instruye el juez Castro en Palma, era Miguel Roca en un alarde de españolidad manifiesta que contrasta con su cada vez más pro independentista discurso donde pone en tela de juicio la Constitución que contribuyó a redactar y que CiU votó a favor. Pero ahora resulta que el verdadero abogado de la infanta Cristina no es otro que el fiscal Horrach quien colabora en la instrucción y que le acaba de enviar al juez, inmiscuyéndose en su jurisdicción, un escrito atípico y lamentable donde le dice al magistrado lo que tiene que hacer con la investigación que actualmente lleva a cabo a propósito de la Infanta, incluso antes de que el juez se pronuncie al respecto lo que resulta impresentable y asombroso.

Desde luego, y ya por segunda vez, lo que dice el fiscal es que ‘no hay indicios de delito’ en las actuaciones de la Infanta a través de la sociedad Aizoon, de la es que propietaria al 50 % con su esposo Urdangarin, a pesar que dicha sociedad se benefició de la estafa por la que está imputado el duque de Palma, y que incluye fondos públicos. Empresa Aizoon donde la Infanta ha estado muy activa en contra de lo que se había dicho en un principio y tal y como se ha venido publicando en varios medios de comunicación.

Medios a los que sorprendentemente critica el fiscal, convertido en censor de la libertad de expresión calificando la información de ‘conjeturas y sospechas’, cuando aquí la única sospecha es la que se está viendo en torno a las presiones políticas para que la Infanta no sea llamada a declarar, cuando está claro, por ejemplo, que ella es beneficiaria de los fondos obtenidos por la estafa de su marido, y aunque solo sea por ello -porque tendría que devolver el dinero recibido, como lo señala el código penal- debe de ser imputada y citada a declarar.

Pero ya sabemos que en este país donde pasan tantas cosas, luego a la hora de asumir responsabilidades o de exigirlas a quienes les corresponde pagarlas, nunca pasa nada, y así nos va. Y así les irá a todos estos que están retorciendo la legalidad.