Este Gobierno de ‘la transparencia’ de ordenadores machacados, reuniones secretas con Artur Mas, los papeles de Bárcenas, el del presunto espionaje a jueces y periodistas, de la Fiscalía en contra del procesamiento de la infanta Cristina, y las mentiras de San Petersburgo sobre la guerra de Siria -por citar los casos recientes- considera que un buen atajo a sus problemas de desgaste político y electoral ante la ciudadanía y la opinión pública consiste en marginar o liquidar a medios de comunicación que no controlan y que ejercen la crítica del poder.

Aunque sus objetivos son muchos ahora resulta que la obsesión se centra en la cadena La Sexta de televisión, considerada hoy como ‘la televisión del PSOE‘ con sus programas de denuncia y debate donde la mayoría, de presentadores y tertulianos, están a favor del PSOE y en contra del Gobierno y del PP y ejercen la crítica muy acerada y en casos un tanto histriónica. Lo llamativo de todo ello es que La Sexta forma parte del grupo de Antena 3 TV, que lidera el editor conservador José Manuel Lara del Grupo Planeta, que en teoría afín al Gobierno de Rajoy y además el editor del diario más gubernamental, La Razón, que dirige el pintoresco Marhuenda.

Pero los gestores televisivos de Planeta consideran que para su negocio es necesario que una de sus dos cadenas televisivas, La Sexta en este caso, se ponga al servicio de los socialistas y de su jefe Rubalcaba (como lo estuvo siempre desde que nació a la sombra de la presidencia de Zapatero), porque de esa manera se cubre el conjunto del espectro ideológico televisivo: con Antena 3 TV a favor del PP; y La Sexta a favor del PSOE.

Algo parecido a lo que hace el Grupo Mediaset de Berlusconi, con Telecinco y La Cuatro. Por cierto Paolo Vasile ha eliminado los programas de basura política de Telecinco de la noche de los sábados, para contentar a la Moncloa por la desaparición de esa histeria política en manos de tertulianos de la bronca pública en la que siempre salían perdedores los del PP. Y ahora en la Moncloa esperan que Lara y sus socios hagan los mismo con La Sexta TV, para evitar las críticas y la crispación social.

Pero de momento Planeta resiste, aunque se teme lo peor por causa de la pretendida reordenación por el Gobierno del mapa de las frecuencias de la TDT que va a ser reformado a base de quitar concesiones a los grandes grupos audiovisuales, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado diciembre que declaró que las concesiones hechas no se ajustaban a derecho, y por la necesaria implantación en España del llamado Dividendo Digital europeo y la necesidad de ampliar frecuencias para la telefonía en 4G.

Pero he aquí que estas circunstancias pueden llevar -parece que van en serio- al Gobierno a quitar canales de televisión digital a los concesionarios iniciales desautorizados por El Supremo como son Antena 3 TV (y La Cuatro), Mediaset (Telecinco y La Sexta), Sogecable, VEO TV, que los tiene realquilados, como NET TV, y que disponían de cuatro frecuencias cada uno. En todo caso esta batalla por el control audiovisual se está convirtiendo en moneda de cambio político entre las empresas televisivas verdaderas, que esencialmente son dos -el resto son las especulativas- Planeta y Mediaset y el Gobierno de Rajoy que ahora exige que se corte la cabeza política de La Sexta y de sus programas más críticos con el vigente poder del PP.

Por lo visto los alaridos en la Moncloa de la secretaria de Estado, Carmen Martínez Castro, de Moragas y de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en contra de los programas de La Sexta son cada vez más ruidosos y no anuncian nada bueno, una vez que el Gobierno en lugar de decir la verdad y gestionar bien la política y la comunicación a lo que se dedica es a manipular los medios y la información, cosa que, por ejemplo, tienen perdida de antemano en Internet, un soporte al que han despreciado el equipo de Rajoy desde que se instaló en la Moncloa.

Cuentan que el objetivo a corto plazo es conseguir callar La Sexta antes de que concluyan los dos primeros años del Gobierno de Rajoy -en diciembre de 2013- porque las grandes cuentas del Estado, el paro, la deuda pública, los impuestos, etc. estarán peor de lo que estaban cuando Rajoy llegó al poder. Y sabido es que 2014 es año electoral -por los comicios europeos de junio- y será el primer gran test político nacional. Por todo ello el interés del Gobierno de silenciar la crítica periodista, y especialmente la audiovisual por su alcance y difusión social, y sus presiones en contra de las empresas de comunicación, con el mismo ímpetu que presionan a los jueces y fiscales para enterrar sus casos de corrupción.