Oído al interventor que avisó hasta quince veces sobre el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía la Consejería que en ese tiempo ostentaba José Antonio Griñán y que coordinaba la hoy Consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo -una pájara mas que desvergonzada porque sigue en el cargo tras reconocer que no se dignó a leer los informes de interventor-, estamos a la espera de que la juez Alaya, de infinita paciencia y tenacidad, dé el paso y envíe al Tribunal Superior de Andalucía una propuesta para  imputar a Griñán y a Martínez Aguayo como responsables que son, desde la Junta, de este grave escándalo que pudieron evitar.

Por esto y no por otra cosa se va corriendo Griñán, huyendo de su propia sombra y de su enorme responsabilidad política y puede que penal en un caso que, visto lo dicho por el interventor Gómez Martínez ante la juez Alaya, le debe caer sobre sus espaldas con todo el peso de la ley. Como le ha caído a la Munar en Baleares y ahora en prisión. O a Bárcenas, otro que está en la cárcel, y como le caerá a Matas, por más que ahora se jacte de una reducción de condena por parte del Tribunal Supremo, lo que le evita entrar en prisión, lugar donde acabará a la vista de la colección de casos de corrupción que el pájaro balear tiene por delante.

Y ahí incluido, para Matas, Camps, Barberá y Gallardón, el caso de Nóos del inefable Urdangarin, especialmente ahora que el juez Castro empieza a cerrar el cerco fiscal y de blanqueo en torno a la Infanta Cristina, que –como se ha publicado- asistía a las juntas de Aizoon y firmaba sus acuerdos, en contra de lo que se había dicho ante el juez. La Infanta deberá declarar ante el magistrado, diga lo que diga la fiscalía, y luego el juez decidirá si la lleva a juicio o no.

Y pillado anda el PP en los líos de Bárcenas y entre mentiras de toda clase y calibre, como pillada por el cuello está Convergencia en el Palau y Unió recientemente condenada. Y no debería reírse ni festejar el archivo de su causa la presidenta navarra Barcina, porque aunque lo suyo no se ha considerado delito, el trinque a dos manos de dietas a granel sería en cualquier país democrático motivo suficiente para que se fuera del cargo y de la política.

Como por los pelos se ha escapado Pepiño Blanco de ese caso Campeón, que por ahora está archivado pero que dejado una larga sombra de sospecha sobre el exministro de Fomento, que ahora levanta tanto la voz, después de estar muchos meses tan callado.

La corrupción política nacional es un problemón del calibre de la crisis económica y social del país. Y todo apunta a que muchos se van a ir de rositas y que el Gobierno y la oposición no pactarán una dura ley y unas medidas preventivas para evitar que todo esto vuelva a ocurrir. Lo que es peor, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, por la cuenta que le trae e él, ha propuesto una reforma del Código Penal donde ¡se reducen las penas! por el delito de malversación de fondos públicos y donde él se hace un traje a la medida por lo que le pudiera pasar en el caso Nóos.

Es cierto que los españoles, asustados como están con la crisis no salen a la calle a protestar y bramar contra el Gobierno y la clase política, por miedo a que la situación pueda empeorar más de lo que está. Pero cuando llegue la hora de votar -por primera vez en las europeas de junio de 2014- los ciudadanos españoles tampoco irán a votar, y entonces veremos qué hacen y piensan los grandes prebostes del poder. Entonces sí que vamos a llegar a la hora de la verdad.