El Estado autonómico en la encrucijada

LA GENTE, UN DÍA cualquiera, de aquellos que se toma para asuntos propios, se ocupa de cualquier asunto que deba resolver y que solo ella puede hacer, pongámosle el nombre que queramos, solucionar una multa, adquirir un permiso de aparcamiento, comprar un chip para el perro o solicitar una licencia de caza. Da igual. Igual que la situación no cambia si el lugar en que la gente debe solucionar su asunto es una mega capital como Madrid o Barcelona, una ciudad de provincias de esas maravillosas como Jaén o Palencia o un pueblo que por su tamaño tenga oficinas administrativas al servicio ciudadano. Porque si viviera en cualquier lugar mas apartado que este, deberá acudir ex profeso. Da igual. La sensación será la misma y el proceso similar. Deberá acudir a las instancias autonómicas de su Comunidad Autónoma si se trata de asunto competencial transferido y si no, acudirá al del Estado. No tiene opción ninguna, pues las competencias ciudadanas, o son del Estado, o de la Comunidad Autónoma o de la autoridad local, pero suyas, ninguna. Y como la gente es sabia y aprende rápido, sabe que deberá atarse los machos para intentar desbrozar si su asunto es competencia de quien. Porque ninguna autoridad representa a la otra, ni son intercambiables. Lo que una ordena la otra se inhibe y la de mas allá, intenta aprovecharse.

Cuando al redactarse la Constitución Española, se sancionó el Estado de las Autonomías, algunos federalistas como quien esto escribe, quedamos frustrados, seguimos vencidos y alguno dejó de votar el referéndum constitucional por eso, pero, bien, al menos, se podía esperar una racionalización del Estado Franquista que desde su poder omnímodo, había ignorado sistemáticamente las reivindicaciones territoriales. El estado de las Autonomías nació así como el marco idóneo para desarrollar las imprescindibles competencias complementarias del Estado. Mayor acercamiento al ciudadano y mejor precisión administrativa, mas eficacia en la aplicación presupuestaria y etc. etc.

Hoy nadie duda que fue un acierto aunque insuficiente pues al crear de facto estructuras alternativas del mismo asunto, pronto se vio en lo que dio: Un engrosamiento burocrático gigantesco que dobla o triplica el esfuerzo civil para sus asuntos propios.

Hay una larga serie de sinsentidos autonómicos, pero quizá el que mejor lo ejemplariza es el tema de las competencias medioambientales, de agricultura y caza y pesca. El Estado español tiene transferidas esas competencias a las autonomías, pero continúa siendo el único representante de las mismas ante la Unión Europea lo que crea un nudo gordiano sin solución. Aparte de eso, por ejemplo en el ejercicio legal de su actividad cinegética, los cazadores, que en su andurreo no saben si están cazando en Ciudad Real o Extremadura, se pueden encontrar con que la misma infracción pase de 100 € a 6.000. Eso si, para estar seguros deberán haber sacado 19 licencias, las de las diecisiete autonomías más Ceuta y Melilla que naturalmente tienen reglamentos diferentes y a veces antagónicos. Conclusión: Esto está mal hecho. A ver quien lo arregla.

La razón es de todos, porque no entiende de ceros. Enero