El mal uso del concepto “dumping”

Pedro Sánchez, Congreso

EFEReunión interparlamentaria socialista celebrada en el Congreso

El presidente Sánchez utilizó para descalificar a su principal adversario los conceptos de “ignorancia” o “mala fe”. De ambas faltas acusó a Núñez Feijóo, de alguna de ellas o de ambas. El argumentario que le habían preparado en el gabinete de la Moncloa iba bastante averiado, fácil de desmontar; pero tiene su efecto retórico, sobre todo por la reiteración que refuerzan los ministros a la menor oportunidad. Son dos acusaciones graves si se toman al pie de la letra, pero el debate político es muy figurado, efectista y poco creíble; hablar por hablar.

Pero ambos conceptos son interesantes y merecen ser tenidos en cuenta para el discurso político. Hablar sin saber de lo que se habla debía ser descalificante, especialmente para personas que quieren gestionar lo público. Y hacerlo con mala fe merece el mismo reproche. De manera que en caso en los que quede acreditado cualquiera de estos vicios convendría advertirlo y mostrar tarjeta amarilla (o roja) a quien incurre en ello.

Estos días se ha reiterado el concepto “dumping” referido a las decisiones de política fiscal de algunas administraciones. Es evidente la intención crítica, incluso denigratoria, al utilizar el concepto. Pero, ¿es correcta la acusación? ¿Saben lo que significa una práctica de dumping los que utilizan ese concepto?

Sospecho que no se han detenido a revisar la palabras en el diccionario de la lengua o en un manual de economía (capitulo comercio). El significado de la voz dumping es claro: “Práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado”. Más resumido, “vender a pérdida”. Nada que ver con la estrategia política de reducir impuestos o incluso suprimirlos. La práctica de “dumping” supone un delito que debe ser perseguido y castigado por los tribunales, los nacionales e incluso los internacionales en el caso de comercio internacional.

Hablar de "dumping" en el caso del impuesto sobre el patrimonio o en la fijación de tipos en el IRPF o cualquier otro impuesto me parece equivocado, exagerado, impropio. Puede ser por ignorancia o por mala fe, o por ambas al tiempo. En este caso con datos concretos, sin generalidades.

Me parece que a los políticos profesionales hay que exigirles precisión, buen uso de los conceptos, conocimiento y argumentación fundamentada. No es lo más frecuente lo cual explica el desafecto de los ciudadanos que no se creen a quienes no merecen crédito.

Más o menos impuestos supone un debate ideológico, que tiene sus límites ya que la fiscalidad no admite excesos, un tipo cero ni tipo 100%. Los impuestos son el precio de la civilización, por eso son necesarios, inevitables, pero luego viene la inteligente y eficiente gestión de los mismos. El ideal son impuestos claros, eficaces, generales, estables y poco litigiosos.

El impuesto español sobre el Patrimonio es una figura rara, que nació provisional y luego se quedó por pereza. No es el mejor sistema para que paguen los que más pueden, aunque puede aparentarlo.

Sobre el autor de esta publicación

Fernando González Urbaneja

Nacido en Burgos en 1950, licenciado en Ciencias Políticas y titulado en Periodismo.

Desde 1999 hasta el año 2006 profesor asociado del departamento de Historia Económica en la Universidad Carlos III.

En la actualidad es colaborador habitual de los diarios ABC y otras publicaciones. Desde noviembre de 2003 a diciembre de 2011 preside la Asociación de la Prensa de Madrid y desde abril del 2004 hasta septiembre de 2008 Presidente de la Federación de Periodistas de España (FAPE).

Autor de los libros “Rumasa” (Planeta, 1983); “Banca y poder, la pasión por ser banquero” (Espasa Calpe, 1993); “Ética en la empresa informativa” en “Ética y empresa, visión multidisciplinar”, (Fundación Argentaria-Visor, 1997).

El Gobierno le designó en mayo de 2004 como miembro del comité de expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado.

Actualmente es Decano del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Antonio de Nebrija.