A vueltas con los casi-impuestos a energéticas y bancos

Ursula von der Leyen, presenta las propuestas de la comisión sobre la crisis energética en Bruselas

EFEComisión de la UE Crisis energética

Hay razones para estimar que el gobierno y la oposición se pondrán de acuerdo en el modelo de grabación sobre los beneficios extraordinarios obtenidos durante esta crisis por las compañías energéticas, una vez que portavoces de ambos (Feijó y la ministra de Hacienda) coinciden ahora en que la propuesta de la Comisión Europea, esbozada sin detalles por la presidenta Ursula von Der Leyen en el Parlamento Europeo, es lo correcto. Eso es lo que han dicho ambos dirigentes lo cual no quiere decir que ese acuerdo consensuado vaya a ocurrir. Entre otras razones porque el gobierno ha anticipado una proposición de ley, ya aprobada en el Congreso, sin consulta ni apenas debate, que entrará en vigor de inmediato.

No obstante, entre lo que aprobó el Gobierno a lo sugiere la Comisión Europea pueden existir diferencias sustanciales, pese a que algunos (el presidente Sánchez a la cabeza) sostiene que la Comisión copia, una vez más, las medidas del gobierno español. Un liderazgo que el gobierno Sánchez se atribuye con frecuencia.

La coincidencia del Gobierno y la Comisión se refiere al concepto (no es poco): los beneficios extraordinarios de unas compañías en una situación excepcional. Son los llamados “beneficios caídos del cielo” que es una definición que tiene buena prensa. Pero a partir de ese momento las diferencias pueden ser sustanciales tanto en el cómo, como el para qué, que no son cuestiones menores.

En el caso español a la hora de instrumentar la carga fiscal el modelo ha evitado estimar cuántos son los beneficios extraordinarios y ha optado por fijar la base impositiva sobre los ingresos de las compañías y no en los beneficios, en contradicción con el concepto de la carga impositiva. Además, el gobierno ha evitado los informes de instituciones como el Consejo de Estado y otros por el riesgo de que fueran adversos. Finalmente ha evitado definir el gravamen como impuesto y hacerlo como Prestación Patrimonial Pública no impositiva, una figura tomada por los pelos, quizá en fraude de ley, que trata de evitar la idea de que se trata de un impuesto. Podría haber utilizado la figura de la tasa o, quizá mejor, la de multa, que es la que mejor se aproxima.

En cualquier caso, habrá que esperar a que la Comisión y el Parlamento Europeo definan la fórmula de gravamen sobre esos impuestos extraordinarios para saber lo que se vaya a aplicar en España, en este caso con el voto favorable de gobierno y oposición. Otra cuestión es la que se refiere a la banca que pertenece a otro capítulo más dudoso que el de las energéticas, aunque el gobierno lo ha metido todo en el mismo saco con poco respeto a la doctrina tributaria.

Sobre el autor de esta publicación

Fernando González Urbaneja

Nacido en Burgos en 1950, licenciado en Ciencias Políticas y titulado en Periodismo.

Desde 1999 hasta el año 2006 profesor asociado del departamento de Historia Económica en la Universidad Carlos III.

En la actualidad es colaborador habitual de los diarios ABC y otras publicaciones. Desde noviembre de 2003 a diciembre de 2011 preside la Asociación de la Prensa de Madrid y desde abril del 2004 hasta septiembre de 2008 Presidente de la Federación de Periodistas de España (FAPE).

Autor de los libros “Rumasa” (Planeta, 1983); “Banca y poder, la pasión por ser banquero” (Espasa Calpe, 1993); “Ética en la empresa informativa” en “Ética y empresa, visión multidisciplinar”, (Fundación Argentaria-Visor, 1997).

El Gobierno le designó en mayo de 2004 como miembro del comité de expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado.

Actualmente es Decano del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad Antonio de Nebrija.