Residencias de mayores y partidismo tóxico

Varios ancianos en una de las salas de una residencia

Europa PressVarios ancianos en una de las salas de una residencia

El ministerio de Asuntos Sociales ha sacado adelante, por los pelos, un nuevo modelo más exigente y humano para residencias públicas y privadas de mayores y personas con discapacidad. Se trata de un compromiso acentuado tras la pandemia, que puso de evidencia que no pocas residencias están por debajo de los estándares de calidad de una sociedad respetuosa con los mayores. El cambio de modelo, gradual y con vista al futuro, es una urgente necesidad.

Durante más de un año el ministerio, con la ayuda de expertos, ha trabajado en el diseño de un modelo actualizado, respetuoso, viable y homologable con los de los países más avanzados. Un trabajo compartido con las Comunidades Autónomas que son las competentes y responsables de la asistencia social, y con los grupos sociales afectados que van desde las asociaciones patronales del sector a entidades sociales del tercer sector.

La comisión territorial que integra a todas las Comunidades Autónomas, aprobó ayer por 10 a 9 el nuevo modelo para las residencias. Si n entrar a juzgar el modelo lo que parece evidente es que supera al anterior que hoy está desbordado y desprestigiado. Con el modelo hubiera conseguido un voto casi unánime de todos los gobiernos no debía ser épico ni dramático.

No hay duda que detrás del modelo hay intereses económicos y políticos, pero en las administraciones cabe esperar y exigir ecuanimidad, defensa de intereses generales y sentido común. No parece que eso haya presidido la votación a la vista del resultado:

Las dos autonomías soberanistas, catalanes y vascos, votaron en contra porque consideran que el Estado, España, debe abstenerse en materia, que los nacional no va con ellos, que son distintos y distantes. La Comunidad de Madrid se ha unido al argumento defendiendo su autonomía y competencia. Muy españoles, pero poco nacionales; una cosa es el discurso y otra las decisiones. Otras cinco autonomías (Murcia, Galicia, Andalucía, Castilla León y Ceuta) votaron en cuenta. Todas ellas del PP. Curioso que castilla la Mancha se ha unido a los disidentes por razones propias. Nueve votos en contra con fuerte carga política e ideológica, que no merecen las personas afectadas.

Los diez votos a favor corresponden a gobiernos socialistas, seis: Asturias, Baleares, Extremadura, Aragón, Valencia, Rioja; de coalición con presencia socialista tres: Cantabria, Navarra y Canarias. El décimo corresponde a Melilla.

Que un asunto tan social, técnico, consensuable como el modelo de residencias se sustancie por un voto quiere decir que l partidismo tóxico domina sobre el sentido común y la defensa de las personas. Un indicador más sobre la deficiente calidad de la política de confrontación y polarización.

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