Instituciones deslegitimadas, democracia averiada

Gobierno aprueba el decreto anticrisis con un coste de más de 9.000 millones

Gobierno aprueba el decreto anticrisis con un coste de más de 9.000 millones

De la intervención del jefe de Gobierno el sábado lo más llamativo me pareció la afirmación de que el Poder Judicial (Constitucional y CGPJ) está deslegitimado porque el PP no acepta la renovación en los términos que propone el gobierno. Para rematar la acusación, Sánchez sostiene que el PP, al no renovar, conculca la Constitución. La historia política del PSOE encabezado por Sánchez insiste en empujar a la oposición, al PP, Vox y Ciudadanos, hacia las tinieblas exteriores, extramuros de la Constitución. Al tiempo, que se presenta como campeón de pactos y acuerdos… por el bien de España. Pactos y acuerdos que ha suscrito con los partidos que tienen la liquidación de la Constitución en su ADN.

Deslegitimar a los otros poderes y a las instituciones, al tiempo que demonizar a los adversarios, polarizar a la opinión pública y arremeter contra los medios de comunicación (terminales mediáticas de poderes oscuros) forma parte del manual conocido sobre como destruir la democracia. Que sea una operación calculada o una consecuencia no buscada de un pensamiento desordenado y personalista es cuestión que cada cual puede concluir.

A lo largo de la semana pasada conocimos varios casos, aparentemente menores, en esta línea de desorden democrático. Primero el caso INDRA, una empresa semipública cotizada, donde un concierto de accionistas encabezados por la SEPI (el gobierno) y dos inversores de última hora que se suman al cambio de dirección de la compañía. La intervención grosera en las formas (y en el fondo), paso por alto todos los criterios de buen gobierno corporativo. El hecho de que inversores tan discretos y prudentes como el grupo March se fueran de Indra semanas atrás por considerar inversión madura con poco recorrido era llamativo. La sustitución por inversores con indicios de intereses particulares ajenos al interés de la compañía constituye la prueba de que el cambio de accionistas apesta. Finalmente, el despido de los consejeros calificados como independientes significa el punto final de un “acoso y derribo” que merece el calificativo de intervencionismo descarado.

Al mismo tiempo se filtra que el ministerio de Economía prepara una reforma del Instituto Nacional de Estadística con relevo del presidente. Un cambio en la recta final de la legislatura para un organismo que requiere independencia y crédito. Es notorio que el gobierno está molesto con los datos del INE y que algunos ministros no se recatan es descalificar al porque, dicen, "mide mal…contra el gobierno…porque está infiltrado por el PP”.

La hostilidad de los ministros contra el INE coincide con la que muestran con otras instituciones como el banco de España que no muestra el entusiasmo que el gobierno cree merecer por su política económica. Al fondo se percibe tensión electoral, inquietud en la Moncloa porque las encuestas no son favorables. Avivar la idea del enemigo externo, el miedo al cambio forma parte del manual del perdedor.

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