Recelo al empleador… por si acaso

El primer problema de los españoles, desde hace décadas, es el empleo: disponer de un puesto de trabajo, preferentemente estable y, puestos a pedir, bien pagado. Para uno mismo o los suyos, especialmente los hijos. Los demás problemas palidecen ante el del empleo. A continuación, aparecen la salud y la educación, pero el empleo es nuclear. Otro de los problemas serios de la sociedad española, que emerge cada día con más intensidad, es la desigualdad cuya raíz está en el paro, demasiados desempleados con renta mínima, o sin renta, son la principal causa de la desigualdad que aparece nominada como pobreza extrema, marginación, sinhogarismo, pobreza infantil, energética… caben decenas de adjetivos que se refieren a lo mismo.

Si el principal problema de España es el paro, con sus añadidos de precariedad y bajos salarios, cabe imaginar que el gobierno (y las oposiciones) deberían centrar sus políticas y estrategias en cómo crear las condiciones para que aumente la oferta de trabajo, qué incentivos hay que desplegar para que los empleadores pierdan el miedo a emplear.

Si analizamos los discursos de la ministra de Trabajo, del presidente del Gobierno y demás actores políticos, no queda claro que su preocupación se concentre en proponer esos incentivos al empleo, más bien andan ocupados en blindar a los sindicatos y a los ya empelados que en propiciar las condiciones adecuadas para crear puestos de trabajo.

Estos días se saludan con alegría los últimos datos de afiliación, contratación y registro de parados en busca de empleo porque todos los epígrafes mejoran respecto a meses anteriores y porque se recuperan las cifras de ocupación previas a la pandemia. Es justa esa alegría, son buenas noticias, pero a renglón seguido hay que señalar que los 20 millones de empleos registrados son pocos; faltan, al menos, otros dos millones de puestos de trabajo para alcanzar una tasa de ocupación similar a la de los países vecinos a los que hay que alcanzar

En debate actual en el gobierno y entre éste y sindicatos y patronales se centra en el balance de poder de la negociación colectivo, que parte va a tener más influencia. Además, se percibe una intención gubernamental en favor de normas que mejoren el empleo. A alguien se le ocurrió que limitando el número de contratos temporales en cada empresa al 15% se reduciría la temporalidad. Bastó que aparecieran casos concretos para que lo del 15% quedara reducido a ocurrencia indocumentada ya que la casuística del mercado de trabajo es infinita.

El mercado de trabajo, como el de vivienda, es muy complejo, depende de la voluntad de muchos actores y el gobierno puede poco más que regular para que el mercado funcione, para evitar abusos y alentar a los empleadores. Pero lo que se nota en el actual gobierno (y los sindicatos) es recelo y prevención hacia el empleador, al que se trata de controlar y limitar… por si acaso.