Gobierno vs. eléctricas: un conflicto que resta

Definitivamente el gobierno y las eléctricas, más en concreto Iberdrola y Endesa, aceptan un estado de conflicto y actúan en consecuencia con prejuicios para todos. Lo que podía haber sido una oportunidad para cooperar en beneficio de la comunidad, se ha convertido en un conflicto de poder con egos revuelos. Las dos grandes eléctricas no han concurrido al concurso de renovables de esta semana materializando la advertencia de que en condiciones de inseguridad regulatoria antes de invertir hay que pensárselo.

Previamente el gobierno, la Moncloa, decidió imponer el decreto de intervención de los ingresos de las eléctricas con el compromiso de rectificarlo de inmediato. Si hay que modificar la norma ¿tenía sentido imponerla? Pero se quiso dejar claro quién manda aquí y que al que se indispone con el gobierno le pasan cosas no deseadas. Al fondo reaparece un debate ideológico trasnochado, aunque con audiencia popular: a las grandes empresas hay que castigarlas porque abusan y acumulan excesivo poder.

Por parte de un sector tan regulado como el eléctrico resistir a las autoridades, indisponerse, tiene riesgos ya que el BOE puede complicar las cuentas de resultados, especialmente cuando los que lo redactan están irritados y actúan sin miramientos ni sensibilidad a las consecuencias, las buscadas y las no buscadas.

La realidad a la fecha es que varias industrias de cabecera han parado la producción para no incurrir en costes desproporcionados que arruinen sus cuentas de resultados. Y los que no pueden parar la actividad se ven obligados a asumir costes que antes del decreto de marras no estaban en su mapa de riesgos.

Los precios eléctricos son un asunto complicado, sensible, difícil de explicar, que requieren buena gestión, entendimiento, ciertas complicidades, sobre todo cuando arrastran cargas históricas y errores graves cometidos por todos los gobiernos de los últimos cuarenta años.

Del conflicto público y notorio entre el gobierno y el sector no puede salir nada bueno; es un juego de restas con terceros perdedores (los consumidores domésticos e industriales) y con ambos contendientes debilitados en su reputación. En resumen, una estupidez de la que solo sacarán algún provecho los demagogos.

La rectificación del decreto, por mucho disimulo que se aplique, requerirá notoriedad y reconocimiento de un error, mientras que el sector tendrá que exhibir grandes dosis de humildad, explicaciones y gestos inteligentes que pacifiquen a todos los implicados. Aquí se trata más de tener éxito que de tener razón.