CGPJ: el problema no es de procedimiento

El bloqueo para renovar las instituciones (más de mil días de retraso en el CGPJ) indica que la calidad de la democracia española es mediocre; y lo es no por los procedimientos reglados sino por la aplicación de esos procedimientos por parte de los políticos responsables (más bien irresponsables) Los del gobierno (socialistas y socios) acusan a la oposición de inconstitucionales, y éstos replican que son los otros los que se burlan de la Constitución. De hecho, todos se burlan y la maltratan.

La pretensión del PP de que los jueces deben elegir a los jueces es pura jactancia, ni la Constitución establece claramente ese principio ni es el habitual en las democracias más avanzadas, en concreto las europeas. Los procedimientos de elección de los órganos de gobierno de los jueces en Europa son variados y están sometidos a no pocos matices en cada país. Ni son los jueces los únicos que designan, ni son los otros poderes los que lo hacen. En todos los casos hay mecanismos de moderación y de contención para evitar invasión de poderes y garantizar neutralidad e independencia.

De lo que se trata es de evitar abuso de poder, manipulación, dependencia o influencia excesiva. Para eso sirven procedimientos, pero sobre todo la voluntad de cuantos intervienen en esos procesos. El pecado español es que la elección de quienes deben regir las instituciones queda sometida (de hecho) a los partidos y a sus dirigentes principales. El vicio está en que son Sánchez y Casado quienes eligen, aunque luego todo ello pase por procedimientos aparentes y obedientes en las cámaras legislativas. El problema es que el sistema acepta los lotes que asignan los partidos con poder para ello. El problema es que a cada grupo de elegidos se le asigna el apellido de “socialista” o “popular”, “progresista o conservador, aunque en realidad no pocas decisiones posteriores no se ajustan a la aritmética de los bloques.

El problema no está en el procedimiento sino en la práctica, en la voluntad de los jefes de los partidos que aprueban las listas. Si Sánchez y Casado estuvieran a la altura que les exige su responsabilidad podrían poner punto final al bloqueo requiriendo a alguien solvente una lista de personas con razonables garantías de independencia y de servicio público para romper el bloqueo y acabar con las sensaciones de disciplina de partido, de amiguismo y de manipulación. No es tan difícil; contribuirían a mejorar la calidad de la democracia.