La política de los órdagos

La política es el arte de la posible; la democracia requiere mediación, contención, dar explicaciones, persuadir, convencer… nada de esto caracteriza la política española que se desliza hacia lo contrario, a lo imposible, a la exageración, simplificación y polarización. Una política que discurre por los órdagos (todo o nada) en vez del posibilismo pragmático, del gradualismo, camina hacia el fracaso.

El PP requiere al PSOE (Casado a Sánchez) con exigencias innegociables para renovar las instituciones. Y el gobierno responde con la misma técnica: ni hablar, ni llamada ni negociación. De órdago en órdago y tiro porque me toca. El resultado es bloqueo y confrontación. Nada que ver con el arte de lo posible, con el ejercicio contenido y moderado del poder.

El daño que este tipo de prácticas hace a las instituciones es severo; en estos momentos el poder judicial sufre por infección de unos políticos mediocres que trasladan a los juzgados sus incompetencias y frustraciones. El gobierno percibe que los jueces le son hostiles porque las sentencias de censura que recibe, la mayoría muy merecidas. Y la oposición traslada a los juzgados sus estrategias de desgaste del gobierno. Todas ellas son pésimas prácticas que pueden dar algún rendimiento aparente a corto plazo pero que perjudican a todos, al conjunto de la sociedad.

No habrá paz institucional y buen funcionamiento de la democracia a base de órdagos que arruinan las mediaciones y las decisiones responsables. El debate sobre el salario mínimo a varias bandas: en el seno del gobierno, entre éste y los agentes sociales, entre los agentes sociales, no contribuye a la toma de decisiones efectivas.

El diálogo social es un instrumento, un medio para alcanzar objetivos de alcance. En si mismo el dialogo no significa decisión, solo un buen camino para adoptarlas. Pero cuando el diálogo se estanca lo que no pueden es aplazarse las decisiones.

La responsabilidad de fijar un salario mínimo es del gobierno que propone y del Parlamento que aprueba o rechaza. Si hay acuerdo entre sindicatos y patronales, mejor; pero la responsabilidad es del gobierno que debe tener ideas claras, proyecto y explicaciones. El actual debate entre subir ese tope o no y la cuantía de la subida es académico, retórico, estéril. El gobierno no debería escudarse en terceros sino tomar una decisión y explicarla. Sencillo, solo requiere responsabilidad y convicciones.