El poder judicial en la picota

Pablo Iglesias no está en el gobierno pero sus objetivos siguen su curso. Según explicaba él mismo, en sus ámbitos de relación, su acción política inmediata debía centrarse en debilitar dos poderes: la Corona y “los togados”, la justicia, que en su opinión está en manos de reaccionarios franquistas a los que hay que someter. Su tesis es que la justicia debe subordinarse al ejecutivo, a la voluntad del pueblo. De manera que “los togados” son adversarios, enemigos, que enjuician las actuaciones de dirigentes independentistas o los líderes de Podemos que sufren acosos policiales e investigaciones judiciales.

Lo llamativo es que esa estrategia política poco novedosa sirva de referencia a los dirigentes socialistas y al gobierno de Sánchez que entran al trapo del acoso al poder judicial cuando resuelve asuntos que no son de su agrado. Al gobierno Sánchez le molesta el control, suele ocurrir a todos los gobierno, pero algunos se lo aguantan y otros caen en la tentación del ejercicio del poder sin control.

La reacción del gobierno, sobre todo de los tres ministros que han ejercido como magistradas, con la recién estrenada ministra de Justicia a la cabeza, a la sentencia sobre el estado de alarma es desproporcionada. Traslada la sensación de que buscan colocar en la picota al poder judicial (aunque el Constitucional no forma parte del mismo), advirtiendo que sentencia contrarias a las decisiones gubernamentales serán criticadas y mal recibidas.

Es llamativo también el cierre de filas de los comentaristas más benévolos con el gobierno para descalificar a los magistrados que avalaron la sentencia que califica de insuficiente el estado de alarma. En realidad se trata de un debate jurídico constitucional que no tiene consecuencias prácticas y que pretende ampliar las garantías d respeto a las libertades personales y colectivas.

El gobierno, cegado por el orgullo y la autoestima, ha optado por sostenerla y no enmendarla, y cuestionar al Constitucional como en otras ocasiones lo ha hecho contra el Consejo de Estado o el Supremo. Argumentan los gubernamentales que el Constitucional no ha tenido en cuenta la urgencia y la razón de estado, sin atender que también a ellos se les puede exigir respeto a las instituciones y al equilibrio de poderes.

Colocar al poder judicial en la picota es uno de los indicadores del debilitamiento de la democracia y el deslizamiento a modelos iliberales poco compatibles con la Carta Europea.