Sánchez contra el Tribunal de Cuentas

La calificación de “anacrónico” al hecho de que la ponente del Tribunal de Cuentas en el caso de la posible malversación de los dirigentes independentistas hubiera sido ministra de un gobierno Aznar merece alguna reflexión. Lleva a preguntarse cómo funciona la mentalidad del presidente de gobierno, su concepto del sistema constitucional y del equilibrio de poderes.

A ello se suman las consideraciones de los políticos independentistas catalanes, en concreto del expresidente Artur Mas sobre la capacidad sancionadora del Tribunal de Cuentas. Su posición también apunta algunas carencias sobre el funcionamiento del estado. La tesis de Mas es que al ser un órgano administrativo y no judicial (que es un argumento incorrecto) no debe imponer sanciones por parcialidad. Si la tesis fuera correcta la guardia de tráfico, la Agencia Tributaria, los organismos reguladores, las gerencias de urbanismo, los policías municipales… al ser organismos no judiciales no podrían establecer sanciones. Un disparate.

En todos los casos la instancia judicial en los tribunales es posible. Artur Mas lo sabe bien ya que ha recurrido (sin éxito) sanciones anteriores del Tribunal de Cuentas ante el Supremo. La experiencia nos dice que los independentistas para sustentar sus creencias y sentimientos son capaces de llegar muy lejos y de retorcer los argumentos hasta el dislate. Por ejemplo. la pretensión de que la autodeterminación está amparada por el derecho internacional, que carece de sustente. A así otros muchos lemas del llamado “procés”.

Más serio que lo de Mas es lo del presiente Sánchez, sobre todo porque llueve sobre mojado. Ya sostuvo en otro momento que la Fiscalía obedece al gobierno ya que éste es el que nombra al fiscal general. “Pues eso…” dijo Sánchez. Pues eso… un dislate.

Si Sánchez piensa que un exministro (con carrera judicial y sin militancia en el partido) está inhabilitado para instruir casos denunciados en organismos constitucionales, el entendimiento del presidente está averiado. Si lo cree tendría que promover normas de inhabilitación acordes con esa mentalidad. Más aun tendría que tener buen cuidado a la hora utilizar sus poderes legítimos para designar altos cargos con capacidad sancionadora. En realidad estamos ante el presidente que ha nombrado más amigos y compañeros de partido en cargos discrecionales, sin evaluación de sus competencias, de la historia democrática.

La relación de Sánchez con las formalidades del estado de derecho es muy mejorable, muy lábil. Buena prueba es la cantidad de revolcones que ha tenido su gobierno en el Supremo y el Constitucional por normas no ajustadas a derecho adoptadas por el consejo de ministros. Este es el gobierno más rectificado de la historia y el que ha hecho un uso más discutible de la abogacía del estado.

La política puede mucho, pero no todo; el ejercicio del poder debe ser contenido, ajustado, no abusivo. Pero esa es una asignatura que Sánchez no cursó ni aprendió. El anacrónico es él (y Artur Mas), no el Tribunal de Cuentas.