Política sanitaria confusa y débil

Algún día se analizará con perspectiva y serenidad la política sanitaria española contra la pandemia. Lo más probable es un resultado mediocre, más cerca del fracaso que del acierto. El principal argumento para defender la política aplicada será que no ha sido diferente ni en el diseño, ni el los resultados, de las políticas de otros países avanzados. Una excusa pobre, pero tranquilizadora para las conciencias benévolas.

La pandemia ha acuñado en España un concepto escurridizo: la cogobernanza, una novedad no legislada que permite diluir responsabilidades, una especie de Fuenteovejuna. El gobierno Sánchez empezó asumiendo plena autoridad y poder de decisión, para lo cual disponía de facultades, para luego optar por la delegación y aplicación de amplio esquema de subsidiaridad, trasladando a los gobiernos autonómicos competencias no bien definidas. Competencias que las comunidades han utilizado cada cual a su manera, contribuyendo a la confusión y a las diferencias según territorios.

El gobierno Sánchez ha dado respuestas cambiantes, confusas, cambiantes y mal explicadas, siempre teñidas de una colosal autoestima resumida en la jactancia de que los demás nos miran y nos copian… estamos entre los mejores… Sin embargo los datos objetivos y las estadísticas internacionales no avalan esa creencia; todo lo contrario, el desempeño español es de los menos afortunados.

Los últimos conflictos a cuenta de la nueva desescalada y de la aplicación de la segunda dosis de Astra-Zéneca confirman la confusión, la inconsistencia y la debilidad de las decisiones del ministerio de Sanidad. La pretensión de que la segunda dosis para los vacunados con Astra-Zéneca reciban otra vacuna ha fracasado. La credibilidad del ministerio queda en zona de mínimos. El ministerio pretende que no hay “libre elección” de vacuna, pero los ciudadanos eligen una u otra vacuna con la firma de un documento de responsabilidad. Documento de dudosa validez que solo apunta una inútil intención oficial de lavarse las manos. La cogobernanza lleva a que cada administración sanitaria aplica su propia estrategia al margen de las recomendaciones del ministerio. Por tanto confusión y desigualdad.

Más grave es el ritmo de la desescalada con las normas formales de apertura de establecimientos y horarios. La decisión adoptada por el Consejo Interterritorial con una mayoría estrecha de consejeros de Sanidad, sin ponderación por población o territorio, es papel mojado; se publicará en el BOE pero su cumplimiento no será exigido. El gobierno o no se siente concernido o no percibe que disponga de capacidad para exigir el cumplimiento de la norma, recomendación, o lo que sea, ya que no está claro.

Lo que si está claro es que cada cual va a su bola, que la normativa nacional no sirve o no se aplica. En resumen, política sanitaria confusa y débil, que propone medidas que no obligan o que no se exigen. Estado y gobierno débil, impotente y burlado por administraciones de menor rango.