La libertad de expresión de los jueces

La libertad de expresión como derecho sustancial de la democracia ocupa espacio en la agenda nacional e internacional con más confusión que tino; algunos de los que más esgrimen el derecho pueden no ser sus defensores más sinceros. Por ejemplo, Trump se ampara en ese derecho para justificar su incitación a tomar el Capitolio y del personaje se pueden creer algunas palabras, pero no que le importe una higa la libertad de expresión, salvo la suya propia. Otro tanto nos vale para algunos dirigentes políticos locales, empezando por Iglesias y sus parroquianos, que aprecian mucho su libertad, pero bastante menos la de los demás. Como prueba valen las demandas que impulsan contra los que les incomodan.

La libertad de expresión tiene límites cuando tropieza con otras libertades y derechos. Libertad sin responsabilidad concluye en privilegio sospechoso. Además, la libertad de expresión está afectada por los dos actores del proceso, el que la usa y el que la sufre. Otro tanto ocurre con el derecho de intimidad, no es el mismo para un personaje público, representativo, que se pretende ejemplar que para un privado que no juega papel en el debate público.

En materia de libertades la democracia requiere que su campo de juego sea lo más amplio posible, que la libertad salga ilesa de los tropiezos con otras libertades, lo cual pasa por la ponderación de los derechos en juego. Ponderar es la palabra, el concepto mágico para establecer límites, en cada caso, al ejercicio de las libertades. E insisto en el cada caso, no hay norma general, no hay regla de cálculo para conocer los límites, en cada caso habrá que ponderar y, en última instancia, el poder judicial determinará esos límites. Difícil parea para los jueces convertidos en árbitros de la libertad.

Por eso se ha planteado estos días la libertad de expresión de los jueces más allá de su ejercicio profesional, precisamente cuando la política y la ciudadanía traslada a los tribunales el arbitraje de sus disputas, que no son pocas. Los tribunales son ahora uno de los espacios para sustanciar conflictos que, en una sociedad madura no debían llegar tan lejos.

A los jueces se les exige independencia e imparcialidad, y también integridad, cortesía, diligencia y buen juicio. Su tarea es aplicar la ley, hacerla respetar, pero esa aplicación pasa por todo lo anterior. El protagonismo actual se ha convertido en un riesgo evidente para el poder judicial que queda sometido al tironeo de quienes saben que antes o después van a pasar por escrutinio judicial.

El descrédito de los jueces es uno de los objetivos de quienes quieren manipulares a su servicio. Un riesgo frente al que los jueces deben estar alertas y prevenidos. Desprestigiar el poder judicial lleva a desmontar la democracia, el equilibrio de poderes que otorga a los jueces un poder intensivo que exige prudencia, responsabilidad y autoridad.

Los jueces hablan por sus autos y sentencias, también por sus estudios y trabajos técnicos, académicos, incluso divulgativos. El siguiente paso, la participación en tertulias y debates políticos y sociales es más delicado. Desde luego que nadie les puede negar su libertad de expresión, pero su expresión no es como las de los demás, debe ser más contenida para no incurrir en parcialidad o prejuicio. Un miembro del Constitucional se ha visto forzado a abstenerse en el caso del “procés” catalán por lo que dijo años atrás en una conferencia intrascendente e innecesaria. La libertad de expresión de los jueces tiene más límites que la de los demás; también las puertas giratorias que les llevan fuera y dentro de la carrera también deberían limitarse. Llegar a juez es voluntario, pero una vez togado hay que asumir limitaciones por responsabilidad, por lo que son y por el poder que la sociedad democrática les otorga, aunque solo sea por la apariencia de independencia e imparcialidad.