Expropiaciones veniales

El Gobierno balear (social-comunista-soberanista, en terminología de Pablo Iglesias) ha aplicado una norma autonómica sobre vivienda expropiando 56 inmuebles a los que llaman “grandes tenedores”. Algunos han querido ver el sesgo venezolano y expropiador de la izquierda radical, pero no es para tanto. Hay expropiación, pero muy venial, muy matizada; incluso pudiera ser que los expropiados lo vean como una alternativa poco lesiva, incluso rentable.

Se trata de una expropiación temporal por siete años, una especie de reserva de uso con devolución. Los titulares de la vivienda, pierden el derecho de gestionar el activo (o pasivo) durante ese tiempo con la excusa de que durante más de dos años lo han mantenido sin utilizarlo: ni venta, ni alquiler, ni cesión. Y a buen seguro que lo han intentado ya no deben ser estúpidos. El gobierno balear se otorga el derecho de alquilar esas 56 viviendas (cuyos propietarios, bancos o fondos de inversión les deben entregar en condiciones de habitabilidad) en favor de familias y personas sin recursos, a las que se cobrará un alquiler que no puede superar el 30% de sus ingresos ordinarios.

Como justiprecio por esa expropiación temporal el gobierno abonará a los propietarios (grandes tenedores, que es una expresión muy comercial para descalificarles) una renta en torno a la mitad del precio de mercado, garantizada durante esos siete años. No hay datos sobre el valor de mercado de esas 56 viviendas, si es que tiene alguno, que llevan años sin respuesta de mercado. Lo más probable es que su valor sea muy bajo, casi residual, ya que provienen de adjudicaciones en primera o segunda ronda de fallidos hipotecarios.

De manera que esos castigados tenedores van a obtener un rendimiento, quizá modesto (o no tanto) ya que estos años pasados no han percibido nada. Estas primeras 56 expropiaciones temporales pueden ser las primeras de una lista de inmuebles calificados como expropiables que relaciona hasta 700 viviendas en las islas Baleares, residuos de la crisis inmobiliarios de la pasada década.

Tanto los bancos como la Sareb y los fondos tenedores (llamados también buitres para descalificarlos aun más) han hecho cesiones de activos a ayuntamientos para incrementar los fondos de viviendas públicas que deberían cumplir una función moderadora de los precios de alquiler para familias o personas necesitadas, que ahora de nominan vulnerables, con terminología más amable.

Satisfacer el derecho a una vivienda para los vulnerables y vulnerados pasa necesariamente por disponer de un patrimonio inmobiliario público dedicado a ese fin, al que se pueden otorgar beneficios fiscales y de otro tipo para reducir costes. Para esa operación hay caminos más efectivos que la expropiación, que es una figura jurídica complicada y exigente. Claro que pregonar que se “expropia a los buitres”, aunque solo sean 56 viviendas, es muy tentador para el populismo y la demagogia.

Ahora falta acreditar el buen uso de esos bienes expropiados de forma temporal para poder hacer un balance social de eficacia de la medida que hoy suena bien y mañana, ya veremos.