CGPJ, empezar de nuevo

La renovación del CGPJ está pendiente desde la anterior legislatura, desde 2018. Con una interpretación muy discutible de la ley están manteniendo los supuestos de entonces para seleccionar entre los cooptados por los jueces (entonces) y componer un consenso por lotes del grupo (ocho) de juristas. Y se atascan de forma impenitente en algunos nombres calificados demasiado próximos a los partidos.

Los procedimientos de selección y propuesta son manifiestamente prevaricadores, no se ajustan ni a la letra de la ley ni a su espíritu. Lo saben, pero disimulan y reinciden. Tanto que se atascan en los respectivos bloqueos, en vetos que imposibilitan el acuerdo. Con esa lógica irregular podían intentar compensar sus vetos; sobran nombres entre juristas elegibles para alcanzar un consenso, pero si cada parte se empecina o mantener o excluir alguno de los nombres el consenso es imposible.

Los llamamientos que dirigentes de los partidos se hacen de una a otra acera son ridículos; Gamarra y Simancas se interpelan a través de los medios con declaraciones irrelevantes para que el otro de un paso atrás, pero todo ello es inútil, indecoroso e inane. Todo ello va en demérito del poder judicial y del poder ejecutivo, de los políticos y de los propios jueces sometidos a unas refriegas y tensiones que solo redundan en desprestigio de todos.

La situación es lo suficientemente grave como para los jefes de los partidos, especialmente Sánchez y Casado, por “razón de estado” y de sentido común, tomen bajo su responsabilidad directa el proceso de renovación empezando desde cero. Con un nuevo proceso de selección de magistrados propuestos por las asociaciones o por un grupo suficiente de jueces que aflore una nueva lista para que elija el Parlamento y con una lista de juristas aceptados por la mayoría por no representar ni aparentar una preferencia partidista acreditada.

Atascarse en si de Prada entra y no solo supone empecinamiento desestabilizador. Hay muchos juristas y magistrados capacitados. Aquí no se trata de tener razón, ni de tener fuerza, sino de tener acierto y poner punto final al escándalo, porque estamos ante un escándalo que deteriora la calidad de la democracia, que supone abuso de poder, prevaricación y desprestigio. Sánchez y Casado deben poner punto final a la trifulca que no les beneficia. El precedente de RTVE es malo, se han saltado sus propios compromisos y van a condenar al ente público a la irrelevancia y a la bronca. Eso puede ser soportable, pero desestabilizar el poder judicial no lo es.