Quién y cómo determina que una empresa es inviable

El gobierno trabaja en un plan de subsidios adicionales, probablemente directos y no recuperables, a empresas en dificultades. No es algo innovador en esta pandemia, lo han hecho otros países con notable amplitud. En la primera ronda de apoyos del 2020 el gobierno otorgó una línea de avales de hasta cien mil millones de euros para estimular a los bancos a asumir el riesgo de prestar a su clientela. Y otra línea para animar nuevas inversiones, que no ha tenido mucho éxito, ya que ahora se trata de sobrevivir.

Se han concedido esos créditos que han sido esenciales para proporcionar liquidez a empresas que se quedaban sin ingresos por los sucesivos confinamientos. Sin esos créditos muchos salarios se habrían quedado sin abonar y muchos proveedores sin cobrar. Esas líneas que los bancos gestionaron en favor de clientes, cuya gestión y trayectoria financiera conocen, han sido esenciales para sostener el entramado productivo. Esas medias complementaron las facilidades que suponen los ERTES que han sostenido empleo y garantizado unos ingresos a cuantos se quedaban sin trabajo efectivo.

Cuando cumple el año desde el comienzo de la pandemia, de la catástrofe, las medidas que en su momento parecían ambiciosas y suficientes, se han quedado cortas. Casi un millón de empleos siguen suspendidos y hasta un tercio de las empresas (según diversas estimaciones de quienes pueden hacerlas) corren el riesgo de inviabilidad, son esas empresas que se han dado en denominar zombis.

Ahora, cuando el gobierno proyecta una nueva línea de apoyo financiero directo, probablemente a fondo perdido, aparece el problema de determinar a quién y cómo se adjudican esos fondos. En paralelo se lanza el debate de las quitas de los créditos concedidos con el primer plan de apoyo, el de los vales ICO y riesgo parcial bancario.

Con buen criterio se acordó la extensión de los plazos y moratorias de intereses, una vez constado que la recesión continua y que la pandemia no decae. Los bancos recelan de las quitas que incrementarían la falencia hasta niveles peligrosos para su solvencia, con consecuencias financieras peligrosas para los propios bancos y también para el sistema económico en general, para empleo y la estabilidad.

Una vez que está asumida como necesaria una política amplia de apoyo al sistema productivo que no debe escatimar recursos, el problema radica en determinar quién y cómo asigna los apoyos. Nadie conoce mejor que los bancos las posibilidades de sus deudores. Trasladar a entes burocráticos, administrativos, la responsabilidad de la calificación de beneficiarios no garantiza, todo lo contrario, una mayor eficacia. Pero tampoco se puede dejar en manos privadas la asignación de recursos públicos.

La recuperación, la salida de la crisis, depende mucho del buen uso de los apoyos. Hay razones para estimar que, acabada la pandemia, al menos en sus efectos más adversos, la economía se va a recuperar con rapidez e intensidad. Por eso hay que sostener el mayor número de empresas que pueden volver a ser viables. El problema es cómo hacerlo, a quién sostener.