La sostenibilidad de las pensiones y Bruselas

Si el paro es el primer problema permanente, crónico, desesperante, para los españoles, las pensiones escalan a los puestos de cabeza en la lista de preocupaciones. Hay motivos aunque el ministro Escrivá reitera que el sistema actual es viable, sostenible y eficaz; que solo requiere reformas concretas para adaptarse a la realidad, a la demografía y a la economía.

A favor del Ministro está la trayectoria histórica, un sistema que funciona con puntualidad y rigor, con una normalidad tranquilizadora. En la caja de la Seguridad Social siempre ha habido recursos para pagar cada mes y cada extraordinaria. No hay incidentes, la litigiosidad irrelevante y los costes de gestión razonables.

El sistema es solidario y previsible, tiene límites por arriba (topes) y por abajo (mínimos mejorados). Los abanicos entre máximos y mínimos de cotización y de prestación van de 1:4, de mil a cuatro mil euros de base de cotización y prestaciones recibidas. Luego viene la casuística, el cómo se obtiene el derecho y se cumple el deber; cuantos años hay que cotizar y cuantos cuentan para fijar la base de la pensión definitiva. Y además su actualización. Todos estos detalles conforman la política de pensiones que no deberían ser fruto de coyunturas o ideologías de partido, sino acuerdos a largo plazo para dar certidumbre y serenidad. No se trata de que Bruselas diga o no diga sino de que el Estado acierte a gestionar conforme al mandato constitucional (artículo 50).

Pero en estos tiempos concretos, cuando empieza la tercera década del siglo XXI, hay algunos hechos y datos objetivos en el sistema de pensiones que no pueden darse de lado. El primero es que a lo largo de los últimos diez años (muchos años), un ciclo económico completo, el déficit del sistema de pensiones ha sido permanente: del orden de diez millones de euros al año el primer quinquenio y de 17.000 millones año el segundo. Casi 140.000 millones de déficit en una década que se han financiado primero con la hucha constituida durante la década anterior y luego con deuda, con financiación del Estado.

De manera que el sistema está afectado por la tijera del déficit y la deuda que suele concluir malamente. El debate político se centra en garantizar las pensiones y su actualización, en evitar cualquier medida que pueda afectar a las prestaciones. Pero no entran en la presunta esencial: ¿Cómo se paga?, ¿Cómo se financia? Hasta ahora ha sido el Banco Central Europeo el que ha financiado al Estado para que éste financie las pensiones. Y aquí aparece Bruselas, que sabe que el déficit no puede ser perpetuo ni la deuda admite crecimiento perpetuo.

Debatir si computan 25 o 35 años (que es relevante para la equidad) es como aplicar cataplasma a la pulmonía. Hay que pensar que en el gobierno están al tanto del doble problema del déficit y la deuda crónicos y en cuantía inquietantes. Pero nadie reconoce el problema de fondo, va a resultar como con el virus, que aquí ni iba a llegar, que a lo sumo un par de caso.

Los pensionistas de hoy deberían estar hoy más inquietos que hace unos años; y los pensionistas del futuro mucho más, sospecho que lo saben y que forma parte de sus decepciones y ansiedades. El problema serio es la deuda y el déficit, como atajar ambos; lo de cuantos años cuentan forma parte de los detalles menores aunque inevitables. El problema no es Bruselas, es la sostenibilidad del sistema.