Prohibidos los desahucios, ¿Cómo sigue la cosa?

Acabar con los desahucios forma parte del “objeto social” de la nueva izquierda. Una medida social, para ayudar a los necesitados y repartir igualdad, justicia y equidad. Al fin de cuentas la Constitución en su artículo 47 (que figura en la sección de principios rectores de la política social y económica, pero no en la de derechos y deberes del ciudadano) dice. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. La norma dice lo que dice y no más. Se puede interpretar, pero con algún límite a la hora de retorcer lo que plantea.

La nueva izquierda populista ha hecho de los desahucios una bandera política emocionante, para conmover y ganar base entre la gente buena. El desahucio hoy es la respuesta al incumplimiento de un contrato, sea de alquiler o crediticio. Traumático para los que lo protagonizan y padece y por ello merecedor de una gestión inteligente que sea capaz de garantizar todos los derechos en conflicto. ¿Se resuelve el problema de la carencia de vivienda prohibiendo los desahucios? La respuesta no tiene mucho recorrido, ya que para que haya desahucio tiene que haber, previamente, vivienda e incluso contrato o apariencia del mismo.

Supongamos que el gobierno español consigue prohibir los desahucios mediante ley aprobada en el Parlamento. ¿Resuelve el problema de los que no tienen casa? Puede que no, más bien debilitará los mecanismos, los incentivos para promover la existencia de viviendas y su alquiler o la financiación hipotecaria con la garantía de ese bien. Es decir limita la oferta de vivienda para su uso generalizado.

Aquellos que dispongan de vivienda para alquilar o de recursos para prestar con la garantía hipotecaria del bien financiado, se cuidarán mucho de elegir con cuidado con quien van a contratar ya que sin razonables garantía del cumplimiento del contrato las ganas de contratar se reducen considerablemente.

Prohibir los desahucios (como prohibir los despidos) es bravo, da la apariencia de preocupación social (¡se acabaron los despidos, o las subidas de precios o… prohibido!), pero puede producir los efectos contrarios a los pretendidos. Para empezar son actos de jactancia (de difícil cumplimento) que no conducen a su cumplimento porque tropiezan con otros derechos.

Prohibir desahucios supone invitar a quienes ofrecen alquiler a tener mucho cuidado con quien contratan, a seleccionar evitando riesgos. Pudiera ocurrir que no haya ni un solo desahucio, pero también que tampoco alquileres o hipotecas para quienes lo necesiten. Tratando de ayudar a los necesitados puede que se les perjudique. Mientras tanto las administraciones, tan progresistas de boquilla, siguen si promover vivienda social, con Franco esto se hacía mejor.

Que este asunto del desahucio sea una cuestión crítica para la coalición de gobierno revela un pensamiento desordenado y carente de alcance, de lógica y de sentido práctico. ¿Populismo barato?, parece evidente; ese que no se preocupa de las consecuencias de sus actos.