El bloqueo del Poder Judicial es insostenible

Si Pedro Sánchez y Pablo Casado tuvieran fibra de liderazgo se pondrían de acuerdo de inmediato para desbloquear la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial y del Constitucional, por decoro, por vergüenza y por sentido de Estado. Si no lo hacen es que su liderazgo es chapucero, sus convicciones democráticas débiles y su lealtad constitucional dudosa. La ciudadanía no puede entender el bloqueo del que son responsables últimos ambos líderes.

El daño que el bloqueo hace a la reputación de la democracia española es creciente e inquietante, y el descrédito que supone para la política y las instituciones, precisamente cuando más necesitados estamos de confianza y esperanza es incalculable.

Recurrir a añagazas legales que adquirir el derecho de designación con una mayoría inferior a la fijada en la Constitución es injustificable, aunque se trate de revestir de fuerza mayor a la vista de la negativa de los hunos (la h la puso Unamuno en vísperas de la Guerra Civil) a aceptar las propuestas de los hotros.

La sociedad española está hoy angustiada y ansiosa antes los problemas presentes que suponen la pandemia y la recesión, fenómenos ambos que van unidos y que son, seguramente, la peor maldición que han sufrido las tres últimas generaciones de españoles. Acentuar las inquietudes con el bloqueo del tercer poder, el judicial, es una responsabilidad histórica, un crimen político. Algo que Sánchez y casado deberían resolver de una forma inteligente.

El hecho está agravado por el supuesto en el que base el bloqueo que no es otro que la consideración de que jueces son «bizcochables», adjetivo coloquial que significa 'moldeables, manejables'. Es posible que haya personas sensibles a esa desviación que roza lo delictivo, pero la mayoría de los elegibles son profesionales respetables y confiables, especialmente si los jefes de los partidos se resisten a la tentación del clientelismo y el favoritismo.

De hecho la orientación de las sentencias de los jueces suele estar vinculada al cumplimiento de la ley en su inmensa mayoría, y si hay algunas desviaciones, que las hay, con sesgos partidistas, se debe más a las malas costumbres de la designación viciada, que a la intención de los designables con méritos acreditados suficientes.

La situación es tan dramática tras dos años de bloqueo que la paciencia de los jueces está en el límite que estaría justificado un plante judicial para llevar la crisis a sus extremos. Plante que entre otras razones estaría justificado por la urgencia de evitar el desprestigio de la judicatura.