La política instalada en los tribunales

La actualidad política tiene dos asuntos críticos que resolver: hacer frente a la epidemia y otro tanto con la crisis económica. Lo demás es secundario. Pero los políticos han deslizado sus actuaciones al escenario judicial, a los tribunales convertidos en ámbito de decisión para validar políticas y, sobre todo, para desgastar a los adversarios.

Los partidos de gobierno están empantanados en los tribunales como acusadores y acusados, tanto da, en múltiples casos que afectan a los propios partidos y a sus dirigentes de primer o segundo escalón. La financiación de los partidos y los excesos legislativos de los distintos gobiernos se sustancia en los tribunales y exige a los jueces, en todas sus instancias, un trabajo extraordinario que les convierte en árbitros de la vida política.

La independencia judicial es unos de los cimientos de la democracia pero la acción política y gubernativa no puede estar pendiente a cada hora de la determinación de un juez. La gestión de la epidemia ha requerido de medidas gubernativas extraordinarias con una legislación vigente que no tenía encaje y previsiones para una situación semejante. Eso ha convertido a jueces de primera instancia en árbitros de las actuaciones gubernativas con avatares diversos en función del tribunal de turno yd e los superiores que resuelven los recursos.

La justicia no está preparada para semejante estrés, acentuado por la intromisión de los partidos en el poder judicial para tratar de obtener afinidad e influencia. La perversión en las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial es peligrosa y afecta al buen gobierno, a la estabilidad política y social y al futuro de España.

La agenda política está colgada de los hilos judiciales. Pendiente de la decisión del Supremo para suspender al Presidente de Cataluña, pendiente de cambios legislativo impulsados por el mercadeo de votos entre los partidos. La gestión de indultos, amnistías y demás variantes de la complicada y confusa del gobierno socialista y los independentistas catalanes coloca al poder judicial ante situaciones críticas.

La crisis abierta en la fiscalía que por su propia naturaleza debe ser un cuerpo jerarquizado y profesional es un buen ejemplo de las pésimas consecuencias de la judicialización de la política  y a la erosión de la democracia. Entre las amenazas a la democracia una de las más nocivas radica en el deterioro de las instituciones y  la intromisión de los poderes esenciales: del ejecutivo en el legislativo, y de ambos en el judicial. Sin mutuo respeto y equilibrio, sin “contención” la democracia decae y las libertades se limitan.

A los poderes tradicionales se superpones el poder de los partidos que pervierte a los primeros con manipulaciones y abusos. En esas estamos y ninguno se detiene, más bien doblan las apuestas y las presiones.