La pandemia revienta las costuras de la función pública

Uno de los tópicos reformistas perpetuos de la política española es la “reforma de la administración pública”, que ha ocupados durante décadas la agenda política, los programas electorales y el discurso de ministros y presidentes. Últimamente se habla poco de esa reforma y, sobre todo, se hace menos. El gobierno Rajoy puso en marcha un plan de optimización de espacios públicos del que nada se sabe y los demás gobiernos hicieron declaraciones diversas, planes prometedores, pero escasos resultados. Todo ello con lugares comunes que van desde la ineficacia, al retraso (vuelva usted mañana), de la baja productividad al absentismo, de la complejidad administrativa a la inseguridad jurídica… En realidad la administración española tiene espacios eficientes que comparan con los de cualquiera de los mejores países, y funcionarios profesionales y dedicados que conviven con otros petrificados e ineficientes.

Ahora La pandemia ha puesto a prueba el sistema público y saca a flote muchas zonas de sombra que antes funcionaban razonablemente, pero que han reventado por la carga de trabajo que ha supuesto la pandemia. La rigidez de la función pública, y los recortes drásticos de la contratación practicados de forma indiscriminada durante las dos últimas décadas pasan ahora factura con ineficiencias clamorosas.

Por ejemplo lo ocurrido con la renovación de los permisos de residencia de migrantes regularizados que no consiguen cita ni atención es decepcionante. Lo ocurrido en Madrid con las pruebas de COVID a los docentes advierte de la falta de talento y sentido común en el departamento que organizó ese desastre.

Más grave es el colapso de la Seguridad Social, que tenía fama de funcionamiento eficaz en la gestión de prestaciones sociales que ha naufrago en la gestión de los ERTES y del Ingreso Mínimo Vital, programas estrella del actual gobierno. No trabajaron los planes de implantación, no midieron la carga burocrática que suponía la gestión de esos programas y aunque estaban bien diseñados han fracasado en su puesta en práctica provocando mucha frustración e irritación de la ciudadanía.

Lo que está ocurriendo este año en la sanidad con el sistema de atención primaria es de lo más decepcionante: no hay médicos, no hay analistas, no hay enfermeros… el teléfono de atención al paciente está colapsado y las plantillas agotadas. La capacidad de respuesta inmediata a esos problemas es nula, el caso de Madrid es evidente: han saltado las costuras de un sistema tensionado y mal calculado y dotado desde hace años.

Los discursos, programas, planes de digitalización anunciados durante los últimos años no se han materializado, su implantación es lenta y confusa. ¡Qué decir de la administración de justicia que sigue anclada en el XIX! Es evidente que grandes corporaciones privadas han innovado sus sistemas de gestión con eficacia y rapidez, ¿no se puede exigir algo semejante a las administraciones públicas? Siguen reclamando de forma abusiva e innecesaria a los ciudadanos documentos que ya obran en los archivos de la administración.

El Plan de Recuperación que Europa va a financiar tiene como ejes la digitalización, el cambio climático, la educación… y en el caso español es urgente, imprescindible, la reforma de la administración pública, para disponer de la burocracia imprescindible en el estado de derecho al servicio de la productividad y de los ciudadanos. La pandemia ha reventado las costuras de la función pública; es urgente reparar y reformar.