Una fusión tan necesaria como inevitable

Hubo un tiempo en el que en España se podía elegir entre más de un centenar de entidades bancarias de muy distinta dimensión e implantación y otras tantas cajas de ahorro de carácter local, regional o nacional. En breve solo quedarán una decena de entidades, todas de dimensión nacional o multinacional como consecuencia de un intenso proceso de “consolidación”, es decir de reducción radical de costes de gestión.

El negocio bancario de créditos/depósitos va a menos por una competencia que reduce márgenes y elimina a los ineficientes o a los que yerran en sus inversiones. Y además el impacto tecnológico de las tecnologías digitales que minimizan los costes de las transacciones. El negocio bancario tradicional del sistema o modelo de depósitos/créditos a familias, profesionales y empresas medianas y pequeñas se reduce además de quedar sometido por exigencias de seguridad y de garantía de depósitos a una supervisión rigurosa que limita la discrecionalidad de los gestores y de los propietarios de esas entidades.

Si a todo lo anterior se une que el precio del dinero (materia prima básica de esas entidades) se fija en negativo por una política monetaria comprometida con la recuperación y el crecimiento de la economía la rentabilidad de ese segmento del sector financiero se aproxima a nada. La consolidación del sector pasa, necesariamente, por fusiones que reducen costes al incrementar la base del negocio, más tamaño y poco gasto operativo.

Por todo lo anterior la fusión de CaixaBank y Bankia no es ni buena ni mala, más bien es tan necesaria como inevitable. Se pueden modificar los contrayentes pero no los matrimonios. La boda Caixa-Bankia ya se intentó años atrás en más de una ocasión, fracasó por ambiciones personales y porque la necesidad era menos acuciante. Ahora el BCE (y el banco de España) que son las autoridades competentes están por la operación y a los gestores de ambas entidades les corresponde hacerlo posible. Al gobierno, en sus dos almas (la socialista y la podemita) les resta poca maniobra, como ocurrió en su día con la intervención de Bankia que fue impulsada desde Bruselas, Fráncfort y Washington, que presionaron a Guindos y Rajoy hasta lo insoportable.

La fusión no está consumada, quedan trámites que pueden llevar a abortarla, pero eso sería un desastre con altos costes para la credibilidad del sistema financiero español, quizá un coste insoportable por sus consecuencias, incluido el acceso a los fondos europeos.

La cuestión ahora es doble, primero armar una fusión que reduzca los costes que va a implicar (cierre de varios miles de oficinas y rescisión de miles de empleos). Sin olvidar que al reducir el número de entidades se limita de alguna forma el acceso de los clientes a los servicios financieros. Y en segundo término concretar las siguientes bodas de algunas de las entidades que restan que no pueden competir con los gigantes sin ajustar sus márgenes y costes.

Cuando se produce una fusión bancaria de campanillas siempre hay efectos secundarios en forma de operaciones semejantes aunque sean de menos calado. Al menos seis de las entidades que quedan operativas  pueden entrar en el baile para protagonizar otra u otras dos operaciones semejantes.

Para finales del 2021 en España quedarán entre 6 y diez entidades financieras operativas, sin descartar que en ese plazo se produzca alguna operación de dimensión europea que acentúe la consolidación a nivel continental. Forma parte de lo que podríamos denominar: “naturaleza de las cosas”.

Ahora discutir si la banca debe ser pública o privada es nominalismo retórico, debate estéril; toda la banca es semipública, controlada, supervisada, limitada en su libertad de actuación por su carácter público, por la garantía de depósitos, por la relevancia de la asignación de recursos y por su incidencia en el sistema de pagos. Hoy todos los bancos son oficiales.