El Constitucional tumba chapuzas fiscales

Durante su larga etapa como ministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue un activista fiscal permanente, urgido por las necesidades de financiación del Estado, y por su propio carácter que le empujaba a la determinación. Decenas de disposiciones fiscales se aprobaron durante las legislaturas Rajoy, casi todas para incrementar la recaudación por los procedimientos más diversos, la mayoría recauchutando de impuestos muy gastados. Y casi siempre con el procedimiento del decreto ley por razones de urgencia.

Años después algunos recursos contra el procedimiento llegan al Constitucional que sin entrar en el fondo de la naturaleza del recauchutado tumba las reformas chapuceras por el abuso del decreto ley, al considerar que no estaba justificada la urgencia. Esta semana el alto Tribunal ha tumbado el mecanismo de anticipos, pagos a cuenta, del impuesto de sociedades establecido el año 2016. La Agencia Tributaria notó en aquella coyuntura la bajada de la recaudación por beneficios de las empresas afectados por los efectos de la crisis anterior y por los créditos fiscales acumulados por pérdidas anteriores.

Hacienda tiró por la calle de en medio y exigió el adelanto de los pagos a cuenta con bases imponibles estimadas en muchos casos que presionaba sobre la tesorería y la liquidez de las empresas en beneficio del Tesoro. El objetivo era recaudar de inmediato aun a costa de comprometer ingresos posteriores. Y para ello el procedimiento más efectivo era la nocturnidad y alevosía, es decir el decreto ley convalidado por la mayoría parlamentaria con muy poco debate y mucha disciplina de partido. Ahora el Constitucional desmonta la chapuza con efecto de ejemplaridad ya que difícilmente se pueden revertir las actuaciones anteriores.

Lo interesante de la sentencia es el aviso a navegantes, concretamente al gobierno actual, tan activista como Montoro a la hora de redactar decretos ley, a legislar en caliente y a recaudar de inmediato sin ponderar las consecuencias.

El sistema fiscal español muestra desde hace años síntomas de agotamiento; con tipos altos recauda poco y genera mucha litigiosidad. Además la arrogancia de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes ha alcanzado niveles escandalosos que vienen denunciando los expertos en fiscalidad desde hace. Los tribunales fallan en demasiadas ocasiones en contra de la Agencia y a favor de contribuyentes que no se allanan al arrollamiento de la Agencia. No son pocos los que prefieren pactar, aunque se sientan avasallados, y acortar los plazos de inquietud ante el retraso de las decisiones judiciales.

La recuperación de la economía va a requerir una gestión tributaria excelente que debe empezar por legislar con rectitud y competencia, sin chapuzas forzadas por la urgencia. Sin un sistema fiscal eficiencia no hay legitimación democrática, y el sistema fiscal español está muy necesitado de aclarado, revisión y simplificación para lograr credibilidad y confianza, aunque sea por santo temor al inspector. El Constitucional advierte que la legislación debe ser rigurosa, respetuosa y profesional. El aviso está dado.