El silencio de la directora de la Guardia Civil 

El ministro Grande Marlaska ha asumido el coste de la crisis Pérez de los Cobos con un protagonismo exclusivo, que deja fuera del foco tanto a la directora de la Guardia Civil, como al secretario de estado de Seguridad que son mandos intermedios entre el gobierno y el benemérito cuerpo del que forman parte 78.000 profesionales, incluidos cuatro tenientes generales y 70 generales de brigada o división.

El cese fulminante de un coronel de zona es un acontecimiento que requiere explicaciones (y menos ruido) y las que ha dado el ministro en sede parlamentaria y ante la opinión pública apestan a urgencia, improvisación, politiquería (hacer política de intrigas y bajezas, según el DRAE) y a mentiras impropias de una persona con la trayectoria del juez Marlaska. Estamos ante un caso práctico de las imposiciones de la zona oscura de la política práctica. Probablemente Marlaska no tenía otra alternativa que atrincherarse con el aplauso de su bancada y la bendición de un presidente del gobierno que trabaja al día.

Nada sabemos sobre cómo llegó el informe de la policía judicial (un capitán y un teniente de la GC) a la magistrada del 51, informe sometido a confidencialidad requerida con mucha formalidad por la jueza. Es obvio que el informe se haría público en su momento procesal, y que su valor es relativo y discutible, pero el gobierno no tenía derecho a conocerlo antes de tiempo. Lo conoció y actuó de inmediato con todos los recursos a su disposición para reventar el informe y el caso. La intensidad de la respuesta añade valor a un informe calificado de muy deficiente.

Tampoco se ha escuchado en este ruidoso caso a la directora general de la Guardia Civil que requirió información al coronel de la comandancia de Madrid y al que destituyó por teléfono. ¿Tenía la aprobación de sus superiores? ¿Era una destitución prevista con anterioridad? ¿No es la directora la que debe dar explicaciones?

Desde el entorno de la Moncloa se percibe que tenían conocimiento y participación activa en los hechos. Incluso apuntan que la hipótesis de que la magistrada pudiera molestar al doctor Simón provocó una reacción emocional de solidaridad y de fuerza. Si el dictamen de los peritos judiciales es tan malo y tan fácil de desacreditar ¿a qué viene tanto esfuerzo político con el desgaste que implica? Es obvio que en Moncloa no son aficionados ni inexpertos en el manejo de situaciones críticas, pero empieza a ser sorprendente su capacidad para complicar situaciones delicadas.

Entre Marlaska y la Guardia Civil hay dos fusibles intermedios: el secretario de estado de Seguridad, por cierto se llama Rafael Pérez Ruiz, ha sido juez de primera instancia en Almadén, Montoro y Córdoba, letrado del CGPJ y jefe de gabinete del ministro Marlaska. Y el de la directora general del cuerpo, María Gámez Gámez, funcionaria de la junta de Andalucía y del ayuntamiento de Málaga y subdelegada del gobierno en Málaga. Ambos de la confianza del ministro que les hizo un “upgrade” a gran clase que ahora le obliga a asumir toda la responsabilidad dejando a sus colaboradores en el limbo. De algunos polvos llegan luego otros lodos, la escasa idoneidad de algunos altos cargos tiene costes, acredita la ausencia de “finezza”.