La opinión de las Reales Academias 

El Gobierno, especialmente su Presidente, han reiterado su fe en la ciencia, su confianza en los expertos, pero no ha sido muy diligente a la hora de presentar en público a esos expertos y mucho menos hacer públicos sus informes. Han sido los medios los que han requerido a numerosos expertos, sobre todo científicos y médicos con experiencia, para informar y formar a la opinión pública. Los expertos oficiales han sido, fundamentalmente, altos funcionarios de la administración que, según dicen desde Moncloa, han preferido permanecer en segundo plano sin dar explicaciones.

El Presidente utilizó la autoridad de la Abogacía del Estado para justificar la necesidad de prolongar el estado de alarma. Y el Ministro de Sanidad dice que cuando acabe la alarma hará públicos los informes técnicos de los expertos que han jalonado la llamada desescalada de la reclusión.

La lista de comparecientes ante la Comision del Congreso para la reconstrucción, que tiene encomendado realizar un informe con propuestas concretas en el corto plazo de dos meses ha citado a medio centenar de personas con un criterio corporativo más que personal, es decir a representantes de grupos de interés que a personas cualificadas y con criterio personal.

Llama la atención que ante una emergencia como la actual se haya dado de lado a instituciones públicas cualificadas. Por ejemplo al Consejo de Estado, que bien podría haber iluminado a la Cámara sobre la necesidad y oportunidad del “estado de alarma” y de posibles alternativas jurídicas. Es obvio que la urgencia a la hora de legislar no favorecía el procedimiento de consultas para reforzar la legalidad, pero el Gobierno podría haber requerido a organismos como el Consejo de Estado para mejorar la calidad de las normas. También para cubrirse ante el rosario de recursos de todo tipo que ya están llegando a los tribunales. En algunos casos con respuestas un tanto vengativas del Gobierno como apunta el cese fulminante decidido por el Ministro del Interior contra un mando de la Guardia Civil que, al parecer, obedece el mandato de una jueza que impone discreción y secreto. Algo huele a podrido en este caso o el Guardia Civil ha errado o el equivocado es el Ministro. Ambos supuestos son preocupantes.

 

Entre las ausencias me parece significativa la de las Reales Academias, que existen y están compuestas por personalidades con relevancia y mérito. Cualquiera que repase algunos de los informes de los académicos de Morales y Políticas, o de Jurisprudencia y legislación o de Medicina, por citar algunas, se da cuenta de que en esas instituciones hay experiencia, ciencia, competencia y capacidad.

La vicepresidenta Carmen Calvo requirió en su día a la Real Academia de la Lengua para reforzar su argumentario feminista, pero la respuesta de la docta casa no satisfizo al Gobierno que guardó en el cajón en informe sin el menor aprecio. La opinión de esos reconocidos especialistas podría iluminar las salidas de la crisis salvo que los posibles iluminados se sientan suficientemente equipados para tomar decisiones, ellos tienen los votos y el poder, así que para qué recurrir a la inteligencia. Es la doctrina del legionario José Millán-Astray, aunque quizá no lo saben.