La renta mínima merece más respeto

El proyecto de implantar una “renta mínima” en España no es nuevo, hay proyectos y literatura disponible desde hace más de una década. También existen experiencias y propuestas en Europa desde hace cincuenta años. Puestos a buscar prehistoria se pueden encontrar ideas en Moro y Vives en el siglo XVI. Y en el concepto del impuesto negativo que propuso Milton Friedman hace sesenta años y antes Cournot en 1838. De manera que nada nuevo bajo el sol. La cuestión es cómo se pone en práctica, ya que en política tan importante como las ideas es la concreción, la acción (dicen que lo dijo Churchill, como tantas otras obviedades importantes).

En España la anterior legislatura XII (2017) analizó una proposición de ley de renta mínima instada desde los sindicatos que no llegó a término por la liquidación de la legislatura. Tanto socialistas como Podemos incorporaron a sus programas electorales la iniciativa de una “renta mínima o básica” (que se parecen aunque no es lo mismo) y lo trasladaron luego a su programa de gobierno. También Ciudadanos incluyó ideas interesantes en esta línea con el objetivo de estimular la inserción laboral. El ministro de Seguridad Social, inclusión y migraciones (José Luis Escrivá) conoce la teoría y ha hecho números sobre su viabilidad en España hace años.

De manera que no debe sorprender que el proyecto llegue al Congreso, se debata, se apruebe y se aplique este mismo año. Es una iniciativa relevante que tiene como objetivo reducir la pobreza de forma efectiva y radical, forma parte de los objetivos del milenio y también de lo que podríamos llamar preocupación de gentes decentes y buenas. No es baladí que el papa Francisco haya aludido a una idea semejante en varias ocasiones, esta misma semana.

La cuestión está en los detalles, en el cómo se concreta el proyecto para que sea efectivo, para que reduzca la pobreza de forma radical. Algunos países (Finlandia y otros) e incluso algunos estados de los EEUU han experimentado aplicaciones experimentales de la idea con resultados discutidos, de momento. No hay una receta que goce de asentimiento y de verificación satisfactoria. Empezamos por el propio nombre: ¿renta mínima o renta básica?, la distinción es académica pero tiene sentido.

Para entender de qué estamos hablando son oportunas algunas preguntas aclaratorias:

1.- Beneficiados a quién se destina: con carácter general, para todos los ciudadanos o a grupos elegidos por niveles de renta u otros criterios. A las personas o a las familias/hogares. Con carácter complementario a otras prestaciones sociales o para reemplazarlas y mejorarlas.

2.- Elegibilidad: a colectivo concretos sin o con condiciones: por ejemplo parados de larga duración, personas sin ingresos; con algún criterio de edad…

3.- Duración y objetivo. Permanente o con límite temporal en función de determinados requisitos y exigencias, por ejemplo la aceptación de empleo, es decir como medida de política activa contra el paro. Solo para rescatar de la pobreza con carácter permanente o como puente hacia el empleo y la autonomía personal.

4.- Financiación mediante cotizaciones de empleados y empleadores o a través de la caja de los impuestos (presentes o futuros-deuda). No es inocente una u otra opción.

6.- Quién gestiona. El Ministerio, las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos. Las competencias sociales son autonómicas, a veces municipales, aunque suele pagar el Gobierno nacional.

Para responder a esas y otras preguntas esenciales además de criterio, claridad de intención y objetivos, se necesita muy buena información de detalle, no fácil de obtener entre otras razones porque se dirige hacia personas de las que hay pocos datos disponibles, ya que los afectados no pagan impuestos personales, no suelen estar afiliados …

La renta mínima es un tema serio, que merece respeto, explicaciones, debate, pedagogía y amplio consenso social. Sin todo eso en vez de ayudar a la estabilidad y la convivencia puede producir efectos contrarios. Es una de esas políticas que no pueden fallar. De hecho supone el sexto pilar del “estado del bienestar” y de las democracias inclusivas: seguro frente al paro; seguro para la vejez, seguro para de enfermedad, seguro de educación, seguro para la dependencia y finalmente renta básica o mínima, seguro contra la pobreza. Demasiado importante como para despacharlo de trámite oportunista.

Sin perder de vista que desde hace años se aplican de forma dispersa subsidios sociales de muy distinto carácter y por diversas administraciones. Algunos estudios que han tratado de detectar todas esas ayudas advierten que suponen un gasto anual que se aproxima a los 20.000 millones de euros, en gastos dispersos, no coordinados y poco transparentes.