Prohibido despedir: el qué y el cómo

Desde primera hora de la pandemia estaba claro que las consecuencias económicas y sociales podían ser graves, la amenaza de una recesión por ruptura del esquema productivo, con efectos en la oferta y en la demanda, es cada día más real y agobiante. No es una guerra, y es peor que una recesión clásica. Está claro que para taponar la brecha se requieren medidas en una doble dirección: primero liquidez para evitar la quiebra del sistema de pagos y cobros; y segundo soporte del empleo para evitar una debacle laboral que complicará la recuperación del sistema productivo.

Sobre lo primero, liquidez, las decisiones del BCE, aunque fuera con unas pocas horas de vacilación y retraso, fueron claras, decisivas. Con insuficiente acompañamiento fiscal en el caso español (moratorias y aplazamientos de las cargas fiscales durante marzo y abril) pero con muy razonables garantías de crédito para mantener vivas las empresas.

Sobre lo segundo, el empleo, las vacilaciones han sido más evidentes. El gobierno apuntó primero al mecanismo de los ERTES como herramienta para hacer frente a la parálisis. Subsidios de paro temporales para sustituir salarios y sostener las empresas. Para poner en marcha esa vía se requiere flexibilidad (un concepto laboral indigesto para este Gobierno) para una tramitación de esos ERTEs de forma efectiva, inmediata; para garantizar ingresos a las familias.

Pero a los pocos días la acumulación de expedientes en las delegaciones de Trabajo desbordaba sus capacidades: un cuarto de millón de expedientes que afectan a casi dos millones de trabajadores. Y además despidos conocidos a través de las bajas en la afiliación a la Seguridad Social. El jueves día 2 debemos conocer los datos de afiliación, día a día, de marzo. Unos datos que el Gobierno ya conoce. Y además los contratos temporales (más de cuatro millones) que no se renuevan a término. Y los cientos de miles de autónomos que se han quedado sin trabajo, sin encargos y sin ingresos.

Todos estos hechos explican la decisión del Gobierno el viernes de prohibir los despidos por decreto. Italia lo hizo antes. En realidad no se prohíbe despedir (jurídicamente no es recomendable) sino los despidos causales, solo queda el improcedente (y ya veremos) que son más caros y más irreversibles.

Algo había que hacer para bloquear, retardar, laminar la avalancha de despidos (puede alcanzar los tres millones de personas en pocas semanas). Lo que la recesión de 2008 llevó tres años, ahora puede pasar en semanas. Por tanto lo que ha hecho el Gobierno tiene sentido, su deber es sostener el empleo durante el plazo de unas semanas, un trimestre, para no dañar el tejido social y productivo más aún de lo que supone parar la producción en muchos sectores. La cuestión es CÓMO hacerlo.

En esta crisis todo llega tarde, con días de retraso. Todas las medidas son respuesta a situaciones ocurridas, no hay anticipación, no hay liderazgo. El daño al empleo era previsible; el decreto ley de alarma debía haber incluido ese vector: liquidez y empleo. Además una medida como la prohibición de despedir requiere unas pocas horas de negociación pedagógica con las fuerzas sociales para sumar aliados.

En el aspecto del CÓMO cuenta también el objetivo: sostener el empleo, pero también sostener las empresas. Sin empresas no hay empleo. Y en ese sentido la comunicación ha fracasado, lo que la Ministra de Trabajo ha trasladado es hostilidad al empresario al que presupone malicia, abuso, aprovechamiento. De esa hostilidad se derivan malas consecuencias a corto y a largo plazo. Para salir de esta crisis (inexperimentada según apunta Emilio Lledó) se requiere el concurso de todos, también de los empresario que pagan las nóminas y que crean empleo. Garantizar subsidios supone tapar la herida, pero no curarla.