El coste y el precio, ¿cuándo, cómo, dónde…?

La respuesta del Gobierno a la protesta de los agricultores ha sido rápida aunque no ha ganado aplausos. Es lógico, nadie que reivindica se siente satisfecho a la primera, imagina que algo se quedó por el camino. Ayer uno de los manifestantes reclamaba que se prohíban de inmediato las importaciones de productos agrícolas sin parar en barras si eso implicaba renunciar a las exportaciones. Era un comentario sin sentido, pero no son pocos los que se quejan de la competencia exterior sobre su producto, por ejemplo los tomates.

Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros combinan un paquete de subsidios más o menos inmediatos y algunas ventajas en la contratación laboral y comercial en favor de los agricultores. Son medidas coyunturales que no afrontan los problemas de fondo, cataplasmas para salir del paso. No hay que rechazar que pueden ser medidas prácticas, oportunas pero poco útiles.

En el ámbito de lo estructural la respuesta del Gobierno discurre por la intervención y la burocracia, que es un camino que tiene probada su ineficacia. Por ejemplo intervenir precios es algo con amplia experiencia en todos los países que nunca han resuelto los problemas. Hace cincuenta años el republicano Nixon intentó controlar por ley precios y salarios y el fracaso fue monumental, en vez de contener la inflación la aceleró. Esa misma política la aplicaron los gobiernos en varias ocasiones con rotundos fracasos. Llegaron a ordenar los precios de productos fundamentales (de centenares de ellos) en listas de productos con precios autorizados (que exigían permiso), comunicados (que requerían información administrativa), libres o congelados. El fracaso fue monumental.

Ya en un sistema de libre mercado (dentro de un orden) se han sucedido normativas para condenar la venta a pérdida y los precios desleales, la trazabilidad de los productos, la transparencia… con resultados desiguales. Por ahora lo único que ha funcionado es la competencia trasparente.

Durante los últimos años la cesta de la compra de productos agrarios ha reflejado estabilidad de precios y buen funcionamiento para el consumidor. Sin embargo hay evidencias de perjuicios para los productores, de precios que pueden ser inferiores a los costes. ¿Qué hacer? Lo simple es prohibir que eso ocurra, lo complicado llega con los detalles, con los datos concretos. Porque precios y costes son de complicada determinación. Los precios para el mismo producto en uno u otro establecimiento, en una u otra localidad, en un barrio… son distintos. Es fácil comprobarlo y tienen explicación. El precio de frutas y verduras recién llegadas al comercio no es el mismo que las que llevan varios días en oferta. Y ¿qué decir de los costes?, complicado problemas que depende también del secano o el regadío, de más o menos cercanía al consumo, de más o menos productividad, mecanización, habilidad, dimensión.

El Gobierno quiere que en las facturas intermediaras figure el precio de compra y el de coste, ¿saben lo que dicen?, ¿qué complejo programa de cálculo habrá que utilizar para calcular esos costes? Tras muchos años de doctrina económica un buen número de académicos concluyen que no hay otro método para estimar precios que el mercado. Calificar el precio de justo, o fijarlo por el coste puede sonar bonito pero es inútil, el mejor precio es el posible en condiciones óptimas de mercado abierto.