El salario mínimo, cambios estructurales

En torno al Salario Mínimo existen debates clásicos, en muchos casos superados por la realidad. Una primera escuela liberal y clásica sostiene que el aumento del salario por encima de la productividad produce desempleo. Una conclusión lógica, casi mecánica. Lo que ocurre es que en los mercados laborales, como en otros, no hay comportamientos mecánicos, hay más factores que entran en juego que producen consecuencias buscadas y no buscadas. Otra escuela de fondo más intervencionista pretende que hay que exigir salario mínimo digno, de justicia, sin precisar dónde está el listón, aunque siempre más alto.

Ambas posiciones son tan inútiles como estériles. En el caso español los datos llevan a pensar que con salarios mínimos congelados el estímulo del empleador a contratar ha sido bajo, otros factores pesan más en la voluntad de contratar, factores que van del coste de la rescisión, al de la seguridad social o la rigidez de las condiciones de trabajo.

El mercado de trabajo en España tiene dos factores negativos evidentes, poco discutibles: el primero es que desde hace cuarenta años consigue las tasas más altas de desempleo de la OCDE. Lo cual permite sostener que el sistema de relaciones laborales es muy ineficiente y que hay que cambiarlo. Y para eso conviene analizar los sistemas de las sociedades con mayores tasas de ocupación. El segundo, que los niveles salariales (los bajos y los medios) en España son bajos, comparados con los otros países del entorno. Además la precariedad forzosa es demasiado alta y propicia desempleo, salarios bajos y productividad mediocre.

De manera que elevar los salarios, por un lado, y mejorar el marco de las relaciones laborales parecen objetivos necesarios. Para conseguir esos objetivos la panoplia de políticas es amplia y conocida, el problema radica en lo que podemos llamar implementación, que pasa por la gradualidad, el ritmo, las explicaciones, la persuasión… en resumen la confianza.

Durante los tres últimos años, desde 2017, el SMI en España ha dado un salto cualitativo: de 707 € mes (9.900 año) hasta 950 (13.00 año) este año. Un aumento del 34% que contrasta con un 3% de inflación del período. Evidentemente se trata de un cambio de fondo que afecta no solo a ese millón y medio a dos millones de afectados directos, también a los escalones inmediatos superiores y, desde luego, a las cotizaciones sociales que forman partes crítica del coste laboral y por tanto del incentivo del empleador.

Están aun por conocerse estudios solventes sobre el efecto en el empleo de la subida del SMI de 736€ a 900€, decidido hace pocos meses. Unos sostienen que ha sido irrelevante y otros que ha sumado empleo negro en algunos sectores y añadido paro. Ambos aspectos son indeseables, un riesgo que se puede y debe mitigar. El mayor riesgo es el de la economía gris o negra, uno de los puntos más negativos de la economía y la sociedad española, que conspira contra la productividad, la competencia leal y la justicia.

Por eso las subidas del SMI deben ir acompañadas de medidas contundentes contra la economía sumergida y de medidas complementarias que permitan a los sectores más afectados asimilar los efectos de la subida de costes. Elevar el SMI es fácil, un decreto. Pero que la medida sea eficaz es más complicado. De momento que el nuevo SMI haya salido de una negociación con las fuerzas sociales es positivo. Ahora falta el ajuste fino, la pedagogía para contener los efectos negativos; negarlos es esconder la cabeza, rechazar la realidad; pero tampoco se puede aplazar este tipo de medidas por esos efectos negativos.